28 de marzo de 2017

Edición 4258. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
29 de marzo de 2017

El Gobierno atendió la llamada

Tras la polémica por la filtración de las escuchas judiciales, el Poder Ejecutivo modificó la estructura y plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, que a partir de ahora estará compuesta por dos jueces de Cámara. Los magistrados Martin Irurzun y Javier María Leal de Ibarra ocupan las funciones.

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Crédito: Thomas Hawk
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°102/2017, el Poder Ejecutivo de la Nación modificó el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.

Dicho organismo se encarga de "dar trámite al cumplimiento de las medidas referentes a la interceptación o captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Publico Fiscal”. Además brinda "colaboración directa en expedientes determinados a requerimiento de los diferentes magistrados respecto de delitos complejos y organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano".

Tras la difusión de escuchas telefónicas que tienen como protagonistas a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, el Poder Ejecutivo consideró que es “imperativo reformular el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades” de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, a fin de proporcionarle “continuidad a la gestión y asegurando una transición ordenada entre mandatos”.

"A los efectos de no poner en riesgo el correcto funcionamiento del área durante una etapa crítica de su desarrollo institucional, resulta conveniente posibilitar la continuidad, excepcionalmente y por período determinado, de las autoridades a cargo del referido organismo”, señaló el DNU, que deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.

De este modo, se establece que el organismo estará a cargo de “dos jueces penales con rango de Juez de Cámara, quienes serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años”.

Una vez cumplido el plazo de tres años, el decreto dispone que las “funciones de Director General pasarán a ser ejercidas por quien hasta ese momento actuaba como Subdirector General, y que se procederá a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, todos por el plazo de tres años”.

En consecuencia, se establece que, por única vez, los jueces Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, continuarán  en sus cargos.

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