23 de Junio de 2017

Edición 4313. ISSN 1667-8487

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26 de Junio de 2017

La madre de todas las batallas

Magistrados y empleados judiciales empiezan el año 2017 en pie de guerra contra el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto de eliminación de la Feria judicial. Mañana viernes ambos convocaron a un paro nacional de 24 horas. Se viene un año caliente en Tribunales.

Paritarias judiciales sometidas a una ley
Matías Werner

Por: Matías Werner


La resistencia al proyecto se hizo oír durante todo el año 2016, con marchas en contra por parte del gremio de judiciales y con la llegada de María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero a la Asociación de Magistrados, con un discurso duro con el proyecto de traspaso – algo compartido por todas las listas que compitieron en los últimos comicios de la AMFJN-. Con la noticia, del primer paso en la transferencia de competencias de la Justica Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, en plena feria judicial, las luces de alerta se encendieron en el ámbito tribunalicio.

A dos días de iniciarse el año judicial 2017, ya tiene fecha el primer paro en protesta contra la iniciativa del Gobierno Nacional. Será este viernes 3 de febrero cuando, después de mucho tiempo, jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales proclamen su oposición al “traspaso” y a la propuesta de eliminar la feria judicial.

La cita será en la planta baja del Palacio de Justicia de Talcahuano 550, el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quizá el otro destinatario de las quejas, más por parte de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que al reclamo compartido con los magistrados, le agregaron los cuestionamientos al Máximo Tribunal por eliminar el adicional al personal de maestranza (POM).

 

Triple reclamo de los empleados judiciales

El gremio dirigido por Julio Piumato emitió un duro comunicado en donde denuncia que los trabajadores están siendo equiparados “a bienes muebles” y que se los quiere traspasar  “inconsulta e inconstitucionalmente”.

“No hemos sido consultados orgánicamente respecto a este convenio, que lejos de focalizar sus esfuerzos en mejorar el servicio de justicia responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia judicial ni tiene en cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores, sino de los contubernios políticos”, critican desde el gremio judicial.

La UEJN también le dio un contenido político a la idea del traspaso, manifestando “una gran preocupación” por la posibilidad de que “semejante revolución solo se haga con la pretensión de garantizar la impunidad de funcionarios de la CABA, puesto que el traspaso es justamente de juzgados vacantes –cuyos jueces que designará la actual fuerza política-, y curiosamente respecto de delitos contra la administración pública”. A los judiciales les llamó la atención que  “delitos más complejos como homicidios o delitos contra la integridad sexual” permanezcan en la órbita nacional.

La eliminación de la feria judicial, un tema que entró en agenda durante el último verano y que en la Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un proyecto de ley,  también generó rechazos en el seno del gremio. “Pretende avanzar sobre el Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, dijo la UEJN en relación a la iniciativa y a cualquiera “que signifique flexibilización laboral o avanzar sobre derechos de los trabajadores judiciales”.

Desde el sector sostiene que la feria “no es un tema a debatir que influye en el mejoramiento de la Justicia Argentina”, la que esta “colapsada” pero por “no haber acompañado ni en número de tribunales ni en modificación de las plantas de personal el crecimiento exponencial que tuvo la conflictividad social en la Argentina”, a lo que se le agrega “los centenares de juzgados que no tienen jueces designados”.

 

Reunión y “suspensión de tareas”, la convocatoria de la Asociación de Magistrados

Por su parte, la Asociación de Magistrados convocó a magistrados, secretarios y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación a una reunión en la planta baja del Palacio “con suspensión de tareas”, a partir de las 12:30 hs del viernes. A la cita también están invitados los consejeros jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación y los integrantes de Tribunales Federales

A través de un comunicado, la entidad liderada por María Lilia Gómez Alonso adelantó que en ese encuentro se discutirán “las implicancias del convenio” entre los gobiernos Nacional y de la Ciudad, reiterando el “más enfático rechazo a esa decisión” que tiene la Asociación.

Para la AMFJN el convenio de traspaso “viola la Constitución Nacional y vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y empleados de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación”.

El traspaso es un proyecto que tiene larga data – está previsto por la Constitución Nacional de 1994- y que fue retomado por el actual gobierno. En diciembre de 2015, un día antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente, la Corte Suprema de Justicia suscribió un fallo donde señala que "resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la CABA el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional".

Debatido durante el año 2016, a mediados de enero de este año Nación y Ciudad suscribieron cuatro convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias de la primera a la segunda, disponiendo que parte de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional – con sus cargos vacantes-, la Justicia de las Relaciones de Consumo, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ), pasen a la órbita de la Ciudad, lo que generó resistencia desde los sectores que convocan al paro. Se prevé que el conflicto se alargue durante todo 2017.

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