Por decreto, el Gobierno habilitó la creación de una comisión en la que 13 especialistas elaborarán un proyecto de reforma del Código Penal. La comisión será presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal.
Mauricio Maci firmó un decreto para la creación de una comisión, compuesta por 13 especialistas, que elaborarán un proyecto de reforma del Código Penal vigente. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, estimada para los próximos días, los integrantes tendrán un año para presentar su propuesta.
La comisión será presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, y estará acompañado por Carlos Mahiques, ex Ministro de Justicia bonaerense; Víctor Vélez, juez de la Cámara del Crimen de Córdoba; Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de Santa Fe; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal; Pablo López Viñals, Procurador de Salta; Guillermo Yacobucci, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Pablo Turano, Fiscal; Fernando Córdoba; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
También se sumaran un integrante del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, y un representante del Ministerio de Desarrollo Social, al mando de Carolina Stanley.
“Se han hecho un millar de reformas. Semejante cantidad de modificaciones a lo largo de casi un siglo han hecho mella en la coherencia original interna del Código”,sostiene el texto del decreto elaborado por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas.
La consigna del Gobierno fue hacer foco en “la persecución del terrorismo y del narcotráfico” y, para ello, pidió ajustar las escalas penales para unificar las condenas que pueda recibir un delito. Además, requirió endurecer las penas para los casos de corrupción que "tienen penas muy bajas: enriquecimiento ilicito, cohecho, negociaciones incompatibles (1 a 6 años), malversación de caudales públicos (1 mes a 3 años). Y también hay que ajustar las escalas de trata de personas y lavado de activos”.