Con vistas a la entrada en vigencia del nuevo Código, se crearon equipos que trabajarán durante la feria judicial para el análisis integral de expedientes para concluir causas que registran movimientos escasos o retrasos innecesarios.
La Provincia de Río Negro puso a trabajar equipos especializados para el análisis integral de expedientes que serán revisados procurando el ingreso al nuevo Sistema Procesal Penal, con el objetivo de concluir causas que registran movimientos escasos o de dilación innecesaria.
Hasta el momento, se recibieron más de 1200 causas desde los dos Juzgados de Instrucción existentes y la intervención de los equipos estará centrada en la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos que privilegien el interés de la víctima.
La Procuradora General de Río Negro, Silvia Baquero Lazcano suscribió dos resoluciones pensadas para que “el proceso de implementación del nuevo Código se desenvuelva con la agilidad y fluidez requerida”, teniendo en cuenta que el nuevo sistema pone énfasis en la selección de los casos judiciales más importantes de ser llevados a un debate oral y público, procurando una investigación más exhaustiva de las causas graves.
En ese marco, la titular del Ministerio Público derogó una norma del 2009 conocida como certeza negativa para que los fiscales puedan pedir el sobreseimiento en causas cuyo análisis de la prueba advierta que no se podrá superar el estado de duda razonable y lograr una certeza de tal magnitud que permita llevar el caso a juicio, con posibilidades de obtener una condena para el imputado.
Baquero Lazcano dejó también sin efecto otra norma que delimitaba los criterios de aplicación para la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos. La misma aprobaba un formulario que debía completarse para aplicar un criterio de oportunidad, tarea que limitaba el accionar de los fiscales que ahora, tendrán un amplio espectro para la aplicación de estos métodos, en los casos que consideren conveniente hacerlo.
Todo ello apunta a privilegiar el interés de la víctima y busca que las causas no se extiendan más allá del tiempo correspondiente, en pos no sólo de la economía procesal sino, fundamentalmente, "en la convicción de que la justicia debe ser oportuna y brindar respuesta a los delitos, en el momento en que estos se producen".