La Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó su preocupación por la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto legislativo que modifica la Ley de Ejecución Penal 24.660. La iniciativa elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, dado que "impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida". Desde el organismo explicaron que "esto conllevará al cumplimiento íntegro de las penas para la casi totalidad de los condenados que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala". Asimismo, señalaron que el proyecto "contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...)". Y concluyó que la iniciativa "impide este retorno progresivo del condenado al medio libre" al establecer "un cumplimiento íntegro de la pena para la mayoría de los condenados, quienes tras un largo período de encierro carcelario, serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para el instituto de la libertad condicional".