2 de diciembre de 2016

Edición 4183. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
5 de diciembre de 2016

Magistratura de la Nación

Otra auditoría con mucho trabajo

El Plenario del Consejo aprobó el plan de auditoría de gestión en los Tribunales Nacionales del Trabajo. También se solicitaron informes sobre las propiedades, automóviles, embarcaciones y sociedades vinculadas al juez federal Eduardo Freiler y su grupo familiar.

Consejo Magistratura
Crédito: Prensa Consejo
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el plan de auditoría de gestión en los Tribunales Nacionales del Trabajo. La medida es una respuesta a los pedidos efectuados tanto desde la Corte Suprema de Justicia como desde el Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF), en el marco de la grave situación que atraviesa el fuero.

La auditoría, según informó el Cuerpo, comenzará en marzo a fin de conocer el estado de situación de los juzgados y adoptar medidas conducentes para brindar respuestas a las necesidades.

En una primera etapa se relevarán los datos, y luego se revisará todo el sistema. En este sentido, la consejera Adriana Donato señaló que “es necesario encontrar soluciones”, y explicó que la auditoría “va a dar un cuadro de situación”.

En contraposición, la consejera-juez Gabriela Vázquez advirtió que el fuero “está desbordado de trabajo” y afirmó que la medida es “una nueva injerencia que va a complicar aún más el desarrollo de la actividad jurisdiccional”.

Freiler en la mira

A continuación, la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por la consejera Adriana Donato, requirió una docena de informes y medidas de prueba en el expediente impulsado por el Colegio de Abogados Ciudad contra el integrante de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler.

En marzo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó en una causa por enriquecimiento ilícito, ya que consideró que “el aumento de su patrimonio entre 2012 y 2014 estaba justificado con su sueldo como camarista”, pero el fiscal Ramiro González pidió reabrir el expediente.

Semanas atrás, el consejero instructor Pablo Tonelli había solicitado una batería de pruebas para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales en sus declaraciones juradas. En un nuevo pedido, Tonelli requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires información sobre las propiedades a nombre del juez o su familia. También solicitó los mismos datos al Registro de la Propiedad del Automotor, de Buques y de Aeronaves.

Por otro lado, la Inspección General de Justicia deberá informar si Freiler o algún familiar forman o formaron parte de alguna sociedad o entidad inscripta.  Además se ordenaron medidas para conocer la existencia de pólizas de seguro, plazos fijos, cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito y débito.

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