7 de diciembre de 2016

Edición 4186. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
12 de diciembre de 2016

Consejo de la Magistratura de la Nación

Subrogancias vivitas y coleando

El Plenario del Consejo comenzó a prorrogar las designaciones de jueces subrogantes a los largo de todo el país. Aún falta resolver la situación de los secretarios y abogados que no cumplen con los parámetros establecidos por la Corte Suprema en el fallo "Uriarte". También se desestimó y archivó la denuncia de Cristina Kirchner contra la Sala II de la Cámara Federal. A su vez, la Ley de Subrogancias recién se debatirá en el Congreso en 2016.

Consejo de la Magistratura Plenario - Prensa
Crédito: Consejo de la Magistratura
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación prorrogó decenas de subrogancias en juzgados y tribunales de todo el país hasta el 30 de noviembre de 2017 o el nombramiento de un titular conforme al régimen constitucional y legal.

Por mayoría, los consejeros aprobaron la continuidad de aquellos jueces que cumplen con los parámetros impuestos por el Máximo Tribunal en el fallo "Uriarte", que estableció las pautas de designación de magistrados subrogantes. Entre ellos se destaca la prórroga de Martínez Di Giorgi en el juzgado que dejó vacante Norberto Oyarbide, tras la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo.

También se designó a Luis Salas como juez del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y a Pablo Vega en reemplazo de Carlos Rozanski, quien renunció al cargo de vocal en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.

El próximo miércoles el Plenario evaluará el caso particular de los secretarios y abogados. Recientemente, la Corte Suprema de la Nación reclamó al Cuerpo la cobertura de vacantes en el Poder Judicial respetando los parámetros expresamente establecido por el Tribunal.

Sin ley de subrogancias

En forma simultánea, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del dictamen del proyecto de ley para regular el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, quedará afuera de la agenda de las sesiones extraordinarias y será tratada recién el año próximo.

Un reciente informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) reveló que de un total de 992 cargos de jueces nacionales y federales, 324 permanecen vacantes, es decir casi un tercio de los cargos de jueces se encuentran subrogados por otros magistrados a la espera del nombramiento de sus titulares. 

Elevan una nueva terna al Ejecutivo

A continuación, el Pleno aprobó el dictamen destinado a cubrir cuatro cargos de juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe. La primera terna quedó integrada por Alejandro José Miguel, Eugenio Martínez Ferrero y Fabio Procajlo. A su vez, la segunda terna quedó conformada por Enrique Comellas, Germán Sutter Schneider y Jorge Gallino. La tercera y cuarta lista quedó constituida por Osvaldo Facciano, María Ángeles Ramos y Marcelo Bailaque; Mario Gambacorta, Pablo Fernando Morán y María Eugenia Di Laudo.

Otra mala noticia para Cristina

El Plenario desestimó la denuncia presentada por Cristina Fernández de Kirchner contra los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

La ex mandataria acusó a los jueces de “mal desempeño en sus funciones” en oportunidad de expedirse acerca de la recusación contra Claudio Bonadio. Según consta en la denuncia, Cristina Kirchner atribuyó a los jueces “haber actuado con un grado de arbitrariedad difícil de igualar”, y calificó de “escándalo jurídico” que hayan “avalado la continuidad” de Bonadio al frente de la causa conocida como “dólar futuro”.

Sin embargo, los consejeros entendieron que “las cuestiones denunciadas no importan conductas que pudieran tipificar una falta disciplinaria”, ya que se cuestiona “el criterio tenido en miras por los magistrados intervinientes para decidir del modo en que lo hicieron y las medidas que para ello utilizaron, cuestiones que se encuentran dentro de sus específicas y privativas facultades de juzgar el asunto llevado a su consideración”.

“Debe evitarse que se utilice el pedido de sanciones disciplinarias y más aún la amenaza de juicio político, como herramientas para condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, concluyó el dictamen elaborado por la consejera Adriana Donato.

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