¿Existe paridad de género en Poder Judicial? ¿Hay igualdad de género para acceder a los altos tribunales y otros cargos de peso en la Justicia? Dos diputadas hablaron con Diario Judicial sobre un proyecto de ley en la Provincia que podría marcar una nueva etapa. El caso de la Corte Suprema y la reciente renuncia de María del Carmen Falbo, que ya fue reemplazada por un... Hombre.
La paridad de género en los diferentes ámbitos de representación política estuvo en agenda en los últimos tiempos meses y derivó en la aprobación de la ley que establece un 50 por ciento de mujeres en la confección de la listas electores.
Lo cierto es que la realidad es bien distinta para las mujeres en el ámbito del Poder Judicial. Históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde su creación en 1863, tuvo entre sus miembros sólo a tres mujeres: Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Las dos primeras, ya fallecidas, fueron reemplazadas en los dos casos por un hombre.
El nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir las vacantes del Máximo Tribunal despertó polémica e indignación en varios sectores y se presentaron leyes para modificar la cantidad de los miembros apuntando a la paridad de género. Todavía ningún texto logró llegar al recinto para ser debatido y sólo es nombrado en las reuniones de comisiones.
La provincia de Buenos Aires vive una situación particular en cuanto a vacantes en diferentes organismos judiciales. En la Suprema Corte se generó una vacante por la jubilación de Juan Carlos Hitters y María Eugenia Vidal deberá proponer candidatos para cubrir el puesto. Lo mismo ocurre en Tribunal de Cuentas donde se debe cubrir un cargo por el fallecimiento de la única integrante mujer, la vocal Cecilia Fernández.
Antes que se tomen cartas en el asunto y con la intención de romper el techo de cristal en la Justicia, varios legisladores, entre ellos la diputada Lucía Portos, presentaron un proyecto de ley que busca regular los nombramientos de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Procurador y Subprocurador General, y del Presidente y de los Vocales del Tribunal de Cuentas. También a los componentes del jury de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura.
El texto del proyecto establece que “los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal de Cuentas no pueden, en ningún caso, ser todos/as del mismo género. La inclusión de nuevos miembros en el Poder Judicial deberá reflejar las diversidades sexo genéricas hasta lograr la paridad del 50 por ciento en la representación de varones y mujeres”.
Portos, presentante de la Legislatura bonaerense en el Consejo de la Magistratura provincial, resaltó la necesidad de “una justicia más justa, más transparente y más equitativa” y explicó que “el procedimiento que proponemos garantiza la oportunidad para que la ciudadanía, de manera individual o por medio de organizaciones, plantee las oposiciones, observaciones y/o sugerencias que estime pertinentes; asegurando asimismo que el postulante cuente con la posibilidad de responder los cuestionamientos formulados en tiempo y forma”.
El proyecto de ley aún no logró la media sanción y ya perdió la primera pulseada con la confirmación de Julio Conte Grand, actual secretario Legal y Técnica del gobierno bonaerense, frente al Ministerio Público Fiscal con el retiro de María del Carmen Falbo.
Magdalena Odarda, Senadora Nacional por Río Negro, es otra de las impulsoras de las leyes que apuntan a más participación de las mujeres en la justicia y destacó que lo hace para “romper el techo de cristal que impide aún a las mujeres acceder a cargos electivos en el poder legislativo y en el judicial. La presencia de la mujer en estos espacios se hace cada vez más relevante y necesaria para llevar adelante acciones a favor de los derechos de las mujeres”.
Odarda señaló que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que reconoce el nombramiento de juezas y magistradas en varias Cortes Supremas de la región, pero resalta que el progreso de las mujeres en este ámbito es muy lento, heterogéneo y diverso, existiendo poca presencia de las mujeres en posiciones de toma de decisiones en los tribunales superiores y cortes constitucionales de los países americanos”.
“La participación de la mujer en los ámbitos estatales es importante para fortalecer el debate democrático y plural y es una forma de resistir los estereotipos sociales que han hecho daño por largos periodos a las mujeres en el espacio político, laboral, profesional y doméstico. Es necesario atravesar ese techo de cristal, esa barrera invisible que bloquea a las mujeres en su crecimiento profesional, y que se basa en un pensamiento discriminatorio y sexista que ha causado mucho dolor y que no queremos más”, enfatizó la legisladora.
El ámbito judicial es reticente al avance de las mujeres en puestos de poder y una muestra de ello es la denuncia que realizó el colectivo “Ni Una Menos” contra el juez de la Cámara de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, que recusó a la fiscal Paloma Ochoa por participar de la movilización del 19 de octubre, conocida como “miércoles negro”.
Ochoa lleva adelante una investigación contra el magistrado y pidió su indagatoria por la privación ilegal de la libertad de una empleada judicial que mandó a detener. Gemignani consideró que la protesta de ese día fue, en realidad, contra su persona.
Conductas como la del camarista, acostumbrados al androcentrismo del derecho, dan cuenta de la molestia que generan los intentos de romper con las imposiciones culturales que perpetúan la desigualdad.