2 de diciembre de 2016

Edición 4183. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
5 de diciembre de 2016

Crisis de fin de año en el Poder Judicial

El Máximo Tribunal le remitió al Consejo de la Magistratura una presentación de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales donde se manifiesta “la preocupante situación“ que atraviesan los Tribunales por cuestiones de infraestructura. También por el funcionamiento del sistema informático. El tema fue tratado en el Plenario del último martes, donde se expresaron las dificultades presupuestarias.

Corte Suprema
Matías Werner

Por: Matías Werner


“Problemas edilicios, falta de desarrollo e implementación de nuevas obras de infraestructura, deficiente y tardía adquisición de insumos y falta de renovación de equipos informáticos”: todas quejas de jueces de Cámaras Federales y Nacional que se hacen oír, debido a que su pedido llegó a la Corte Suprema, que puso en conocimiento al Consejo de la Magistratura de los reclamos.

Mediante dos oficios dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas “y por su intermedio a los Señores Consejeros que integran ese órgano”, la Corte trasladó la presentación que la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina hizo ante el Máximo Tribunal, y en la que se manifiesta "la preocupante situación por la que atraviesan actualmente los distintos Tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación”.

Del mismo modo, puso en conocimiento del órgano “la honda preocupación que se presenta a partir de los informes recibidos de la Dirección de Sistemas de este Tribunal respecto del funcionamiento del servicio informático del Poder Judicial de la Nación”.

“Se dificulta la administración de Justicia”

Ese es el diagnóstico de los presidentes de las Cámaras, que a su criterio esas fallas son “susceptibles de comprometer seriamente el servicio de administración de justicia”. En la presentación también se señala que ello es consecuencia  “de la ausencia de una ágil respuesta y adecuada intervención del Consejo de la Magistratura a quien compete directamente y por mandato constitucional, la ejecución presupuestaria y administrativa de este Poder del Estado."

“Esta Corte comparte la preocupación manifestada y al respecto resulta imperioso poner de resalto -como es de su conocimiento en razón a las competencias constitucionales que le son propias- la delicada situación en la que se encuentran los distintos tribunales del Poder Judicial de la Nación”, alertaron los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Los ministros del Alto Tribunal señalaron también que “la gravedad de la situación mencionada” se traduce en “una severa afectación de la actividad que se cumple en los distintos estrados judiciales, de los litigantes, magistrados del Poder Judicial de la Nación”. Por ello solicitaron que es imprescindible que se provea de recursos a estos Tribunales “para asegurar la correcta prestación del servicio de Justicia”.

El oficio dirigido al Consejo también expresa que esas circunstancias “se advierten más gravosas” en relación de aquellos tribunales “creados por ley, que cuentan con magistrados designados conforme el procedimiento constitucional y que se hallan pendientes de habilitación por falta de las condiciones esenciales”. Una clara referencia a la acordada del último 4 de octubre, donde la Corte creó los cargos de jueces para varios Tribunales que, siendo creados por ley, aun no entraron en funcionamiento.

Los ministros, a su vez, reiteraron que ya le habían enviado al Consejo pedidos de informes relativos a “las condiciones de infraestructura de los nuevos tribunales, poniendo de relieve que su habilitación constituía una prioridad insoslayable” y lo exhortaron a que, en el ámbito de su competencia, “se arbitren las medidas que sean necesarias para dotar a los tribunales de las condiciones de infraestructura, recursos informáticos e insumos “que resultan esenciales y acordes a la alta tarea que debe prestar el Poder Judicial de la Nación”.

Respuestas del Consejo

En el plenario del último martes se discutió la problemática. Tal es así que el secretario de Administración, Juan Carlos Cubría, expresó problemas de “financiamiento” del Poder Judicial, lo que dificulta a su vez la inversión en infraestructura.

Según los números brindados por Cubría, de los $1.600 millones de gastos presupuestados para el Poder Judicial, el 94% es utilizado para la masa salarial. A su vez, sólo se financian la mitad de los gastos con recursos propios – tasa de justicia, etc.- ya que el 50% restante proviene de partidas del Poder Ejecutivo Nacional.

Según Cubría, en esa situación “se hace imposible hacer frente a esos gastos de infraestructura”. Un Poder Judicial en quiebra.

El sistema informático, otra dificultad

La digitalización del servicio de Justicia que se viene implementando desde 2011 aun muestra numerosas dificultades. La Corte Suprema – que dispuso su utilización- se lo hizo saber al Consejo en otra nota, remitida a la par de los otros reclamos.

Lorenzetti, Highton, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz le transmitieron a Piedecasas “la honda preocupación que se presenta a partir de los informes recibidos de la Dirección de Sistemas de este Tribunal respecto del funcionamiento del servicio informático del Poder Judicial de la Nación", cuyos principales componentes "se encuentran a cargo" del Consejo de la Magistratura

La Corte refirió que desde la puesta en marcha del nuevo sistema hasta la fecha “se observan graves deficiencias vinculadas al mantenimiento de la base de datos, a la necesidad de ampliación de licencias, a la conservación de los servidores de procesamiento y almacenamiento (sin contrato de soporte), al estado de los enlaces digitales (ampliación, inclusión de nuevos puntos y red de fibras ópticas CABA); entre otros componentes esenciales para el óptimo funcionamiento de la instalación”.

Ante ese escenario, los supremos ven como imprescindible “regularizar todos estos servicios”, para evitar” cualquier circunstancia que pueda provocar el corte del sistema de gestión informático”. Al igual que lo que ocurre con las deficiencias en infraestructura,  para los ministros podría acarrear “considerables consecuencias para el servicio de justicia”, que depende “de la alta disponibilidad del sistema informático”.

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