La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó la decisión del juez Sebastián Casanello de decretar la inhibición general de bienes sobre cerca de veinte empresas propiedad del empresario Lázaro Báez y el embargo de ochenta inmuebles de su propiedad. En una resolución dada a conocer este martes, el Tribunal, integrado por los camaristas Martin Irurzun y Eduardo Farah, rechazó las apelaciones deducidas por las defensas de Lázaro y Martín Báez y Walter Zanzot -presidente de la firma Top Air-
y sostuvo que el dictado de la medida cautelar ordenada sobre los bienes inmuebles y sobre "la estructura societaria de la que formaban parte y que utilizaban para canalizar fondos que nada tenían que ver con su actividad" resulta "razonable y oportuna en
atención a sus propios fines que apuntan a evitar que el tiempo que insuma el proceso frustre el derecho".