7 de diciembre de 2016

Edición 4186. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
12 de diciembre de 2016

Los abogados quieren su Colegio en Santa Cruz

Se presentó un proyecto para crear dos Colegios de Abogados de esa provincia, que es una de las pocas en donde los letrados deben jurar ante el Tribunal Superior de Justicia. El proyecto le otorga poder de contralor al Alto Cuerpo, que puede disponer la intervención de los colegios, en casos de acefalía, o cuando “lo solicite la mitad más uno de los matriculados”.

Las exigencias las ponemos los Colegios de Abogados
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Los abogados de Santa Cruz quieren tener su propio órgano y dejar de depender del Tribunal Superior de Justicia. Un proyecto presentado en la legislatura por la diputada provincial Roxana Nahir Reyes, e impulsado por la Asociación de Abogados de Rio Gallegos, propone la creación de dos colegios profesionales en el ámbito de la Provincia patagónica, que junto con Chaco, son las únicas en donde el control de la matrícula de letrados está a cargo del Superior Tribunal de Justicia.

El proyecto prevé instaurar dos Colegios Públicos de Abogados, que se denominarán Colegio Publico de Abogados de Santa Cruz Zona Sur y Colegio Público de Abogados de Santa Cruz Zona Norte. El primero tendrá su domicilio legal en la ciudad de Rio Gallegos, y controlará la matriculación en el ámbito geográfico de la Primera Circunscripción Judicial. El segundo se domiciliará en Caleta Olivia, y hará lo propio con los abogados de la Segunda Circunscripción.

De aprobarse la Ley, los abogados quedarán automáticamente matriculados en uno u otro Colegio, depende del domicilio que hayan declarado ante el Tribunal Superior de Justicia. Si un letrado ejerce en ambas jurisdicciones, deberá matricularse en el Colegio de la sección donde tenga domicilio real.

El proyecto también dispone que los Colegios de Abogados funcionarán “con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público”, y no podrán tener fines de lucro, y prohíbe la denominación “Colegio de Abogados” por parte de “asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo. Además, se permite que los Colegios Públicos de Abogados puedan formar una Federación, por aprobación de la Asamblea de cada uno de ellos.

Al igual que otras instituciones profesionales, los Colegios de Abogados contarán con un Directorio, una Asamblea y un Tribunal de Disciplina. La novedad con el proyecto presentado es que también prevé la figura de un Síndico, que tendrá a su cargo la auditoria de los estados patrimoniales y contables del Colegio.

Los Colegios se financiarán con los aportes de los matriculados, las multas que aquellos paguen cuando sean condenados por violaciones a las leyes profesionales, y por un bono de derecho fijo, que no tiene precio establecido, sino que será de lo que resulte de calcular 30 % del valor de la Tasa de Justicia que se tribute para los juicios de montos indeterminados.

Además, está prevista la creación de un consultorio gratuito “para quienes carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los mismos”.

El rol del TSJ

Pese a la creación de los dos colegios, el Tribunal Superior de Justicia seguirá manteniendo un rol preponderante como lo viene haciendo hasta ahora. El proyecto de Ley establece que el Máximo Tribunal de Justicia de Santa Cruz tendrá facultades de contralor sobre los Colegios, e incluso podrá intervenirlos.

En ese sentido, cada Colegio Público comunicará al Superior Tribunal de Justicia cada matriculación que efectúe, como así también las sanciones que aplique a los matriculados

Como se señaló, el Tribunal Superior de Justicia podrá disponer la intervención de los Colegios “en casos de acefalía, irregularidades en el otorgamiento de la matrícula, mal funcionamiento de los órganos sociales, o cuando así lo solicite la mitad más uno de los matriculados”

El proyecto de ley también establece cómo se designará el  interventor, quien deberá convocar a elecciones dentro de los sesenta días, las que deberán realizarse en un plazo no superior a los noventa días.

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