La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, contestó el requerimiento de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos del Ministerio Público Fiscal. A través de un oficio, explicó que la Acordada 9/2014 de la Corte Suprema impide remitir la documentación para su publicación en un sitio web abierto.
Mediante una carta, la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó las declaraciones juradas de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, para su publicación de manera abierta en un sitio web.
“Como es de su conocimiento, a través de la Ley 26.587 se dispuso la libre accesibilidad de las declaraciones a través de internet, con el objeto de que puedan ser consultadas por cualquier persona en forma gratuita”, indicó la nota firmada por la titular del órgano de control, Laura Alonso.
Rápidamente, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Ronsekrantz ratificaron el procedimiento establecido en la Acordada 9/2014 respecto a la consulta de las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios.
Dicha Acordada establece que "la declaración jurada integral patrimonial -anexo público- podrá consultarse exclusivamente través de la página web del Tribunal”, y añade: “Para ello, el solicitante deberá identificarse y quedará sometido las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326”.
También instituye que el cumplimiento de estos requisitos formales será "verificado por la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal, previo al envío, por la Dirección de Sistemas, de la información solicitada al requirente; y la Dirección de Sistemas comunicará al titular de la declaración jurada requerida el cumplimiento de la solicitud”.
En este marco, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no se quedó callada y también respondió el requerimiento del organismo de control sobre el acceso a las declaraciones juradas de los fiscales.
La nota, firmada por titular del Ministerio Publico Fiscal, destacó que “desde los inicios de la gestión, consideró al régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos” como uno de los “objetivos constitutivos del Plan de Trasparencia Institucional".
Ante todo, Gils Carbó recordó que ”las magistradas y los magistrados del MPF, según el principio de igualdad de trato que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, deben ser sometidos a regímenes equivalentes al de juezas y jueces del Poder Judicial de la Nación en cuestiones de índole remuneratoria, patrimonial, previsional y tributaria, así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato”.
Por consiguiente, advirtió que “el hecho de que el reglamento establecido por la Corte mediante la Acordada 9/2014 no contemple la remisión a la Oficina Anticorrupción de las declaraciones juradas patrimoniales de los sujetos obligados para su publicación en su sitio web, es una circunstancia que, a la luz del principio señalado, veda a esta Procuración General la posibilidad de dispensar a los fiscales del Ministerio Público un trato distinto en este sentido”.
En pocas palabras, la procuradora aclaró que “existen obstáculos legales y operativos” que impiden remitir las declaraciones juradas a la OA para su publicación en un sitio web abierto.
No obstante, informó que “el sistema vigente hoy en el Ministerio Público Fiscal permite a toda persona interesada en conocer la información pública sobre el patrimonio de los sujetos obligados acceder a esa información completando una solicitud a través del sitio web institucional”, lo que permitió responder “decenas de consultas de declaraciones juradas de fiscales y, en múltiples ocasiones, de la procuradora general”.