2 de diciembre de 2016

Edición 4183. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
5 de diciembre de 2016

Gils Carbó, cada vez más cerca de rendir cuentas

Mañana se reunirá por primera vez la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público para constituir su integración y así comenzar a preparar un plan de trabajo con el objetivo de auditar y controlar el organismo a cargo de Alejandra Gils Carbó. La diputada nacional Graciela Camaño sería la elegida para presidir la Comisión.

Congreso - Autor: gelpgim22
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Pasaron 18 años desde que la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) estableció la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. A pesar de los reiterados reclamos, el órgano era una deuda pendiente.

Después de una larga espera, en junio pasado el Congreso aprobó su creación. Durante el debate, los legisladores resaltaron que "dicha bicameral se deberá encargar de recibir las denuncias, reclamos y propuestas de los ciudadanos, que es por quienes debe velar este organismo; y también recibirá denuncias de los magistrados que en el ejercicio de sus funciones reciban amenazas”. 

En el recinto de la Cámara Baja, la diputada Silvia Lospennato (Unión- Pro) manifestó que “su conformación no fue un olvido sino que faltó voluntad política”, y concluyó: “Es una herramienta muy importante en materia de control”.

Ahora, será el turno de los legisladores, quienes se reunirán mañana martes a partir de las 17 para constituir su integración y así comenzar a preparar un plan de trabajo. El órgano estará conformado por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios. Uno de los nombres que más fuerte suena para presidir la Comisión es el de la legisladora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Graciela Camaño.

Aunque aún faltan definir algunos integrantes, el bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el Senado confirmó a Sigrid Kunath, Rodolfo Urtubey, Walter Barrionuevo, Pedro Guastavino y Mario Pais; mientras que por el de Diputados lo harán Emilia Soria y Luis Cigogna.  Por su parte, el Pro designará a los legisladores Silvia Lospenatto y Lucas Incicco; por la Unión Cívica Radical irán Mario Negri y Diego Mestre; y Pablo Kosiner por el Bloque Justicialista.

Entre sus atribuciones más importantes, la Comisión recibirá y solicitará la remisión de un “informe anual de los órganos bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación”. También podrá requerir información sobre “la gestión, funcionamiento institucional, administración general y financiera”.

A su vez, la Comisión tendrá la potestad de controlar la ejecución del presupuesto y, además, recibir denuncias de funcionarios y particulares. Esto será fundamental, según los legisladores, ya que podrán controlar la utilización de los recursos públicos.

Sobre este punto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) calificó de “escandalosa” la situación del organismo y denunció que "en los últimos años se duplicó el personal del Ministerio Público, pero las fiscalías mantienen la misma cantidad de empleados”.
 

Avanza el debate por la reforma

En las próximas semanas, el Congreso buscará retomar el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo. Según los fundamentos, la iniciativa busca “garantizar su absoluta autonomía funcional profundizando los principios de independencia y objetividad”.

Uno de los puntos más importantes es el límite temporal para la figura del procurador, ya que dicha iniciativa acota su cargo a un plazo de cuatro años. No obstante, los bloques parlamentarios buscarán modificar el plazo a 5 años renovables por otros tantos con un nuevo acuerdo del Senado.

El proyecto también crearía cuatro subprocuraciones generales especializadas en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado. "Se busca fortalecer cada una de las funciones, procurando la especialización para una mejor prosecución de los fines específicos del organismo, preservando la defensa de la constitución, dinamizando la organización y gestión, focalizando el diseño de la política criminal y atendiendo las nuevas necesidades que se verifican en otras materias (…)”, señala la propuesta.

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