6 de diciembre de 2016

Edición 4185. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
7 de diciembre de 2016

Germán Garavano. Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

"La Justicia está muy alejada del vecino de la ciudad"

Garavano
Crédito: Ministerio de Justicia
Rita Lucca

Por: Rita Lucca


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibió a Diario Judicial en el edificio de la cartera, ubicado en el microcentro porteño. En este reportaje, el ministro adelantó detalles sobre el futuro proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación y explicó cómo planean llevar a cabo el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. En este reportaje con DJU, también adelanto que el Gobierno tiene previsto abrir el debate de los jueces y Ganancias en 2017.

El Programa "Justicia 2020" contempla reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿Considera que se debe modificar el número y la representación de sus integrantes?

En mi opinión, el tema central en el Consejo de la Magistratura es lograr esquemas de trabajos que agilicen el organismo. Más allá del número y los representantes, nos parece muy importante la dedicación de sus integrantes, ya que nosotros deberíamos lograr consejeros que le dediquen exclusivamente todo su tiempo a esa tarea. De acá a mazo del año que viene queremos generar un proyecto que reuna los mayores consensos, ya que la ley requiere una mayoría agravada. Respecto a la integración, estamos discutiendo un proyecto de 15 miembros, pero no descartamos avanzar en un Cuerpo más chico. El proyecto equilibra en tres partes los integrantes políticos, abogados y jueces y, además, sube la representación de académicos. En cuanto a la dedicación exclusiva, queremos que la ley prevea automáticamente una licencia para todos los representantes.

¿La iniciativa tendrá en cuenta la distribución de los recursos que ingresan al Poder Judicial?

El proyecto hace mucho hincapié en cuestiones de gestión y de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Más allá de las cuestiones políticas, lo que uno ve es una deuda del Consejo en términos de cómo gestionarse y administrarse. La iniciativa avanza en la creación de un área específica de gestión para mejorar el servicio de justicia y, además, establece normas más claras y eficaces para una administración más eficiente. También le hemos encomendado al representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, que avance ya con estas cuestiones de política judicial, mejora de la gestión y análisis de la información del Poder Judicial. Como ministro me ha tocado recorrer el país y reunirme con la Justicia Federal, y la verdad es que la situación es muy preocupante. Nosotros hemos ofrecido al Consejo ayuda y recursos para fortalecer los Juzgados Federales del interior del país, especialmente del NEA y el NOA, que es donde hoy está la situación más crítica en materia de narcotráfico, ya que vemos que los recursos asignados son claramente insuficientes.

¿Y con respecto a la distribución de la Tasa de Justicia?

La idea es acordarlo con la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial tiene un déficit, pero básicamente es de lo que se llama inciso uno, es decir, pagos de salarios. Sin embargo, en los otros incisos lo que suele tener es una subejecución, ya que se gasta menos de lo que se está presupuestado en término de obras, bienes de uso y consumo. Esto marca las dificultades de administración y de planificación que tiene hoy el Consejo de la Magistratura.

El Ejecutivo aceptó la renuncia de varios jueces que debían enfrentar procesos disciplinarios ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, ¿Cuál será la postura del Gobierno? ¿En todos los casos se aceptará la dimisión?

Siempre se le va aceptar la renuncia. Desde la reforma constitucional, la única consecuencia que tiene el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento es la remoción del juez, ya que no afecta el beneficio jubilatorio ni genera la inhabilitación. Si uno acepta la renuncia, remueve al magistrado, por ejemplo, en el caso del ex juez Raúl Reynoso permitió que fuera detenido el mismo día en el que le fue aceptada su dimisión. El Ejecutivo al aceptar la renuncia saca obstáculos para que los jueces puedan investigar a sus colegas que habrían cometido delitos. Necesitamos que el Consejo de la Magistratura pueda dedicar su energía y tiempo a otros casos.

También se criticó el acceso a las jubilaciones de privilegio…

Si a una persona se le acepta la renuncia antes de que tenga las condiciones para el beneficio jubilatorio, no podrá acceder al mismo. Si a una persona se le acepta la renuncia después de que cumplió los requisitos e hizo todos los aportes, ese beneficio no se le puede sacar. Por ejemplo, a Norberto Oyarbide se le aceptó la renuncia, pero el ya había cumplido e integrado todos sus aportes, por lo cual no habría forma de retirarle ese beneficio jubilatorio. Nada tiene que ver la remoción con los derechos a la seguridad social que tienen las personas que integran el Poder Judicial.

¿Cómo se llevará adelante el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles serían los principales beneficios? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes?

Creemos que el traspaso es un tema técnicamente complejo. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso y, paralelamente, estamos en conversaciones con distintos integrantes del fuero laboral y penal para encontrar un acuerdo. La idea inicial del Gobierno es no traspasar jueces sino cargos vacantes de forma progresiva. El traspaso es central, por ejemplo, los jueces penales son claramente locales y se tienen que integrar a la política de seguridad local. La sensación que uno tiene es que la Justicia Nacional, ya sea de un modo inconsciente por historia o tradición, está muy alejada del vecino de la ciudad de Buenos Aires; en realidad ellos son jueces que deberían prestar sus servicios al vecino y tener una relación mucho más cercana. Dicha cercanía genera que esa justicia sea más eficaz y preste un buen servicio. Mi sensación es que hoy hay una grieta o distancia entre la problemática de los habitantes de la ciudad y ese Poder Judicial nacional.

¿Sería adecuado el traspaso de los edificios y recursos?

Evidentemente algunos edificios pasarían, pero no todos. La ciudad tiene la posibilidad de generar una infraestructura mucho más adecuada, ya que hoy la Justicia Nacional, en muchos casos, tiene una estructura inadecuada de trabajo. Lo mismo sucede con los sistemas informáticos, donde en algunos fueros parece razonable que el sistema Lex 100 pueda traspasarse. Sin embargo, en otros fueros recomendamos que la ciudad haga una inversión y trabaje sobre sistemas que ya hoy funcionan, por ejemplo, el sistema en materia penal que tienen las fiscalías es mucho más eficiente y adecuado que el Lex 100.

En su opinión, ¿Habrá que equiparar los salarios de la ciudad a los nacionales?

Este tema lo hablé con el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; ellos están trabajando en esa línea porque es una cuestión central, no sólo el sueldo sino todas condiciones laborales. En general, las condiciones de trabajo en la ciudad son mejores en términos de licencias, financiamiento, capacitación, espacios edilicios, facilidad de entregar dispositivos electrónicos y sistemas informáticos.

¿Por qué cree que los jueces nacionales son reticentes al traspaso?

Hay un tema cultural e histórico, pero todos los cambios son difíciles. Una persona para ser juez lleva muchos años trabajando en el sistema de justicia, por lo cual yo lo entiendo perfectamente y es inevitable.

Legisladores y especialistas criticaron los proyectos de ley del arrepentido y de extinción de dominio por considerarlas inconstitucionales, ¿Cuál es su opinión?

Yo no creo que las leyes sean inconstitucionales, muchas veces se abusa del concepto de la constitucionalidad. Respecto a la extinción de dominio, lo que la Constitución requiere es que a uno se lo desapodere de una propiedad por una decisión judicial y, en este caso, habría un fallo judicial que tendrá todos los recursos del debido proceso y de revisión. Ambos proyectos tienen cuestiones para corregir y el Senado está trabajando en esa línea. Somos optimistas, creemos que van a salir las dos leyes.

¿Cuál es su postura respecto a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios del Poder Judicial?

Cuando era miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad voté que los jueces deben pagar Ganancias, pero cumpliendo con la norma constitucional de la intangibilidad salarial, es decir, no se puede reducir el salario de bolsillo que reciben los jueces. Nosotros tenemos previsto discutir el año que viene el tema.

Respecto a las Ferias Judiciales, ¿cree que se deben reducir?

Creo que tiene que ser un tema voluntario. Cuando era fiscal general lo hicimos en la ciudad, y el 80 por ciento de los trabajadores preferían usar el sistema que nosotros implementamos, donde no se afectan las vacaciones de los funcionarios y jueces, sino que se organiza el trabajo de otra manera y no hay interrupción del servicio. En realidad, la mayor dificultad está dada por los abogados de los pequeños estudios o unipersonales, pero nosotros ya tenemos establecidos distintos mecanismos que se podrían implementar. La discusión está prevista para el 2018, ya que para ese momento esperamos que estén avanzadas las reformas de los Códigos Procesales. Cuando se transforman las normas procesales uno se da cuenta que la feria como feria no tiene razón de ser, y muchos menos en la órbita de estos nuevos procesos que prevén mayor celeridad y respuestas inmediatas. También proponemos avanzar en esquemas de doble turno para que algunas personas puedan empezar a trabajar voluntariamente durante la tarde. Mucha gente va a preferir trabajar durante la tarde, ya que permite una mejor utilización de los espacios y los sistemas informáticos y, además, posibilita un mejor funcionamiento de los tribunales. Durante la tarde trabaja menos gente y, por lo tanto, siempre se prevé que al medio día, cuando más gente va a los tribunales, confluyan el turno mañana y tarde.

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