7 de diciembre de 2016

Edición 4186. ISSN 1667-8487

Próxima Actualizacion:
12 de diciembre de 2016

Magistratura de la Nación

La acusación contra Sanz duró una semana

El Plenario del Consejo rechazó el inicio de una información sumaria para investigar la actuación del ex consejero Ernesto Sanz a raíz de los dichos de Ibar Pérez Corradi, quien durante su indagatoria lo acusó de haber recibido dinero para impulsar el proceso disciplinario contra el ex juez Federico Faggionato Márquez. Los consejeros resaltaron la "ética" y el "compromiso" del dirigente de la UCR.

CM - Prensa: Consejo
 Diario Judicial

Por: Diario Judicial


Por mayoría, el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido del consejero y diputado Rodolfo Tailhade para que se ordene al Cuerpo de Auditores el inicio de una información sumaria con el objeto de de investigar los dichos de Ibar Pérez Corradi sobre la actuación de un ex consejero Ernesto Sanz.

Al prestar declaración indagatoria, Ibar Pérez Corradi, el principal acusado del triple crimen de General Rodríguez, habría "involucrado al ex consejero y ex senador Ernesto Sanz por haber presuntamente ‘arreglado’ y ‘recibido’ 200 mil dólares para impulsar el Juicio Político contra el ex juez Federico Faggionato Márquez".

En su presentación, Tailhade pidió “esclarecer la gravísima denuncia” al entender que “se cierne sin dudas sobre toda la actuación que el organismo ha llevado adelante entorno a la sustanciación del referido Juicio Político”.

En este contexto, el consejero-juez Luis María Cabral destacó que las acusaciones “se utilizaron para favorecer a Faggionato Márquez y para ensuciar a Sanz”. En el mismo sentido, los consejeros resaltaron “la ética y el compromiso” del ex senador.

En 2010, el Jurado de Enjuiciamiento decidió destituir al juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, por “mal desempeño de sus funciones” al considerar que “se evidenciaban continuas arbitrariedades, parcialidades manifiestas, desconocimiento del derecho inexcusable, violación a las normas y garantías constitucionales, y falta de prudencia y mesura en el desempeño de su función en las causas en las que el magistrado tenía un interés personal”.

También se le atribuyó “inexplicables inactividades procesales en las causas, importantes retrasos y desorden generalizado en su tramitación, todo lo cual configuraba un grave cuadro de privación de justicia en la jurisdicción a su cargo”.

Durante las audiencias, el abogado defensor de Faggionato, Marcelo Brito, señaló que la destitución de su defendido “no obedecía al interés público sino al interés de unos pocos siniestros”, y apuntó directamente contra Ernesto Sanz y Luis María Cabral, quienes en ese momento actuaban como acusadores en representación del Cuerpo. 

Asimismo, Brito aseguró que “accedió a una presentación en la que un imputado en la causa que investiga la venta de efedrina habría acusado a Sanz y a otro senador de recibir 200 mil euros para cargar contra el juez”.

Al respecto, Sanz manifestó que “la acusación de haber recibido dinero a cambio de promover la remoción de un juez corrupto, fue lo último que hicieron en 2010 quienes, desesperados, intentaron salvar del juicio político al entonces juez Faggionato Márquez”. 

“Seis años después y en un marco de desesperación similar, volvieron a hacerlo. Con las mismas herramientas: ninguna prueba y mucha voluntad de ensuciar. Lamentablemente es así, cuando las mafias pierden el poder, quedan a la intemperie repartiendo acusaciones y mentiras sin descanso”, señaló el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Y concluyó: “Estoy orgulloso de haber promovido la destitución de Faggionato Márquez; podría decir que es uno de los logros que tengo en mi carrera política: promoví la remoción de un mal juez, un juez que no reunía las condiciones morales para impartir justicia y que fue condenado por unanimidad a raíz de una gran cantidad de delitos efectivamente probados”.

Una solución a las "irregularidades informáticas"

A raíz de diversas "irregularidades" en los sistemas informáticos del Poder Judicial, el Pleno analizó la propuesta formulada por el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, a los efectos de reubicar orgánicamente a la Subdirección de Seguridad Informática. "Es objetivo es dar una mayor transparencia", indicó Mahiques.

Tras un breve debate, los consejeros resolvieron que la "Subdirección de Seguridad Informática seguirá funcionando en el ámbito de la Administración General, con independencia de la Dirección General de Tecnología, bajo la superintendencia del Subadministrador General CPN Jorge Nasisi".

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