25 de Abril de 2024
Edición 6953 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/04/2024
Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres

Las materias pendientes de la ley violencia de género

Se cumplen seis años de la promulgación de la Ley 26.485, que busca abordar de manera integral la violencia hacia las mujeres por motivos de género. Hoy queda una serie de artículos que nunca fueron implementados y, además, varias provincias no se han adherido a la normativa.

 

En abril de 2009, se promulgó de la Ley Nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”. La normativa significó un avance a la hora de abordar las temáticas de género, sin embargo, han pasado 6 años y no se ha implementado por completo.

El objetivo de la normativa fue "promover acciones positivas que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia".

El artículo 4 de la ley, define el concepto de violencia de género:” Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Asimismo, la normativa destaca las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, ya sea doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva,  obstétrica y mediática.

El artículo 19, establece el ámbito de aplicación: “Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley”. Es importante destacar que sólo 18 provincias se adhirieron a la ley nacional.

De esta forma, la ley creó el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), como organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones. En el último año, dicha institución recibió una asignación presupuestaria de sólo $16.233.262.

Por otro lado, también tiene a su cargo la capacitación y formación en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, con el objeto de impulsar el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia.

De esta manera, en el marco del Consejo Nacional de la Mujer, se encuentra el Observatorio de Violencia, que tiene como finalidad el monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. A mediados de 2012 se anunció oficialmente la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través del cual se comprometían a elaborar un registro único de casos. No obstante, hasta la fecha no se han elaborado estadísticas oficiales.

Fabiana Tuñez, titular de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, señaló que “la sanción de esta normativa fue muy importante, y se destaca por ser una de las mejores en América latina; sin embargo quedan asignaturas pendiente como la reglamentación de algunos artículos”. 

Indicó, además, que “se necesitan estadísticas, porque son indispensables para profundizar el trabajo y coordinación de la asistencia a las víctimas, ya que nosotros como asociación hacemos estadísticas que son un piso”.

Durante 2014, el Programa de Políticas de Género, creado por la Procuración General de la Nación, intervino en 256 causas vinculadas a la violencia de género. Un total de 154, como consecuencia del convenio del Programa con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, y en 102 en respuesta a demandas de las fiscalías. 

En esta línea de pensamiento, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia se encuentra también consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.



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