Luego la discusión entre los senadores tuvo como eje dos aspectos principales : la fundamentación de la sentencia y el recurso ante la Cámara de Casación. El senador Pichetto manifestó una objeción respecto al inc. e del art. 40 del proyecto, referido a este tipo de recursos. La cuestión había sido el centro de la reunión pasada y generó un cruce entre el jefe del bloque y Yoma. Pese a que la objeción no tuvo recepción en los demás senadores Pichetto manifestó “todas las causas van a ser apeladas por arbitrariedad manifiesta ante la Cámara de Casación” Tal como lo determina el mismo proyecto de dictamen en su art. 48 el sistema será implementado en forma gradual. En los primeros 3 años se aplicara únicamente a los delitos seguidos de muerte que sucedan en la Capital Federal. Según el senador Yoma esto generaría alrededor de 80 sentencias durante ese plazo. En Córdoba en 5 años de experiencias hubo solamente 28 sentencias. Además el proyecto destaca que a partir de la sanción de la ley habrá un año para reglamentarla. En las provincias el plazo para reglamentar es de 3 años.
Si bien la instrumentación de este régimen está contemplada en la Constitución Nacional desde 1853, nunca se pudo avanzar en la sanción de una ley reglamentaria debido a la controversia que hubo entre los diferentes bloques mayoritarios. Esas diferencias quedaron en evidencia en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del martes pasado, a la que el peronismo llegó con la idea de emitir el dictamen elaborado por una subcomisión de trabajo que encabezó el riojano Jorge Yoma y que integraron además la senadoras Liliana Negre de Alonso y Vilma Ibarra
Allí los senadores radicales, que aún no habían estudiado en profundidad el tema, manifestaban, sin embargo, algunas diferencias de forma en la implementación del instituto. Tras manifestar que comparten "la esencia del proyecto", los senadores de la UCR se manifestaron nuevamente a favor de integrar un "jurado mixto o escabinado", como el que rige hoy en la provincia de Córdoba. Además, algunos senadores radicales, junto al senador Eduardo Menem, plantearon algunas inquietudes respecto del recurso de arbitrariedad ante la Cámara de Casación Penal contra las sentencias que emitan los jurados.
De esta manera, la presidenta de la comisión decidió postergar hasta hoy la firma del dictamen, que "se pondría a consideración del plenario antes de fin de año", según estimó en varis oportunidades Jorge Yoma. El predictamen analizado se elaboró en base a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y al proyecto del senador riojano Jorge Yoma. Pero además, se tomaron opiniones de diferentes sectores interesados en la sanción de la iniciativa, en una ronda de consultas que incluyó la visita del ministro de Justicia, Horacio Rosatti.
De acuerdo al predictamen elaborado, el tribunal de jurados estará integrado por 12 miembros titulares y 6 suplentes, seleccionados a partir del padrón de ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos. Entre los requisitos para ser jurado, la iniciativa requiere tener entre 21 y 75 años, haber completado la educación básica obligatoria, contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos, tener domicilio conocido y profesión o empleo. Asimismo, se pide tener una residencia permanente no inferior a 2 años en el territorio de jurisdicción del tribunal y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño de la función, que será entendida como una carga pública.
Si el proyecto es aprobado en el recinto, no podrán cumplir funciones como jurado los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y las provincias, los directivos de un partido político, abogados, escribanos y procuradores matriculados, integrantes de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad en actividad y ministros de un culto reconocido, entre otros.
Uno de los puntos de mayor discusión en el Senado fue el que determina los delitos que estarán alcanzados por el nuevo sistema. No obstante, se decidió incluir homicidio simple, homicidio agravado, homicidio culposo, homicidio preterintencional, aborto, aborto imprudente, violación seguida de muerte, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tortura seguida de muerte, entre otros delitos.
Según una encuesta realizada recientemente por el Ministerio de Justicia de la Nación, que DarioJudicial.com publicó en exclusiva, el 64% de la población desconoce que el juicio por jurados está en la Constitución, a pesar que figura allí hace más de 150 años. No obstante ello, el 51% de los encuestados admitió que aceptaría ser miembro de un jurado en caso de que sea elegido, mientras que el 43,2% cree que el sistema cambiará positivamente la Justicia. Sólo un 5% aseguró que el juicio por jurados empeorará la administración de la Justicia. Siguiendo con esa línea, más de la mitad de los encuestados tiene alguna noción de lo que es un juicio por jurados, aunque un 45% dijo no tener idea alguna de que se trata.