A menos de 24 horas de que comience la votación en particular de la Ley Ómnibus, distintos Colegios de Abogados expresaron su rechazo y preocupación por la eventual aprobación de las modificaciones en divorcios y sucesiones.
La Federación de Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe aseguró que “tales proyectos, en caso de prosperar, traerían aparejados graves inconvenientes, a saber: mayores costos para la ciudadanía; pérdidas de tiempo; aumento de la burocracia; vulneración de derechos, afectación de las garantías constitucionales e inseguridad jurídica”.
“En la actualidad, la obligatoriedad de la intervención de abogados/as y jueces no es caprichosa, sino que tiene como fundamento la necesidad de resguardar el orden público (cuestiones que tienen que ver con el correcto funcionamiento de la vida en sociedad) y velar por los derechos de las personas”, agregó la entidad presidida por Andrés Abramovich.
Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, a cargo de Ricardo Gil Lavedra, envió un mail a cada uno de los 257 diputados que votarán en las próximas horas donde remarcaron que “esos temas carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país”.
El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, incorpora un inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial, permitiendo que los matrimonios puedan disolverse con la sola presentación de ambos cónyuges "ante el órgano administrativo del último domicilio" del matrimonio.
Sobre eso, los letrados santafesinos advirtieron que “el proyecto no tiene en consideración: cuál será el destino de los bienes; la presencia de hijos menores, el régimen de alimentos, el cuidado personal (antes, “tenencia”); el deber de comunicación (antes, “régimen de visitas”); circunstancias donde existe un único sostén económico y el otro dedica más horas al cuidado de los hijos; la situación del cónyuge más débil cuya firma de divorcio ante la Administración-Registro Civil podría acarrearle pérdidas irreparables de derecho (por ej: compensación económica, que tiene plazo de caducidad de 6 meses para reclamar)”.
En cuanto a las modificaciones de las sucesiones, los abogados afirmaron que “su eventual implementación no soluciona la congestión de causas en tribunales, no asegura mayor celeridad ni menores costos. El único órgano capaz de velar por el cumplimiento de la ley es el Poder Judicial”.
Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, a cargo de Ricardo Gil Lavedra, envió un mail a cada uno de los 257 diputados que votarán en las próximas horas donde remarcaron que “esos temas carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país”.
“En el caso de los divorcios se desconoce el sistema del Código Civil en cuanto a la necesidad de que todos los efectos del divorcio sean considerados integralmente para la protección de la parte más vulnerable. En cuanto a las sucesiones, se intenta agregar una nueva regulación sin beneficios ciertos, toda vez que se otorgan a los escribanos las mismas facultades de los jueces e idéntico procedimiento; por todo esto advertimos que no hay mejoras en cuanto a la desformalización de esos juicios y podría haber encarecimiento en los costos”, se lee en el correo electrónico enviado.
“En ambos casos, creemos que es insustituible la presencia del juez para garantizar de mejor manera los derechos en juego”, concluyó el CPACF.