17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024
El presupuesto se quintuplicó en tres años

Salto tecnológico

La Suprema Corte de Justicia mendocina presentó ante los legisladores provinciales el presupuesto previsto para 2021, centrado en infraestructura y tecnología. Buscan adaptar los tribunales y digitalizar todos los expedientes.

Con el acompañamiento de sus pares de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM), su titular Dalmiro Garay pidió a diputados y senadores la aprobación del presupuesto y los programas en él incluidos explicando que "buscamos una mejora en la calidad del servicio de justicia, con una eficiente inversión en tecnología e infraestructura".

En total el presupuesto prevé gastos por $8.244 Millones, de los cuales el 33% está proyectado para inversiones en capitalización tecnológica. El gasto en personal se ubicaría en el 86% del total, 9 puntos por debajo de lo erogado en 2020. "Nuestro plan de inversión es de $550.528.887 para tecnología y oralidad”, afirmó.

Garay fijó como ejes de gestión mejoras en el acceso a la justicia y de los canales de comunicación, “lo que implica obra pública, porque hay tribunales que tienen que ser adaptados, especialmente Familia, así como la infraestructura tecnológica”.

Entre las propuestas para 2021, se busca poner en marcha el Portal Web y de la línea 160, y "un portal de datos abiertos, que va a permitir que el Poder Judicial empiece a compartir por un sistema de panel de control, todos los datos que tiene de su funcionamiento, por Tribunal, por juez, tasa de apelabilidad, cantidad de demandas incorporadas, etc”.

 

La apuesta por la capitalización en tecnología tiene una orientación: los sistemas informáticos, aplicaciones, sistemas de turnos y seguimiento de expedientes que la justicia puso en marcha y fue optimizando conforme fue avanzando la pandemia y, con ella, las demandas para acceder al servicio de justicia

 

Además, el titular del Máximo Tribunal fijó como horizonte la implementación completa del Expediente Electrónico en todos los fueros e instancias y la aplicación de políticas públicas asociadas, lo que permitirá "no sólo la presentación de escritos dentro de cada expediente, sino también que el expediente electrónico pueda ser completamente visible para cualquier particular o los abogados”.

La inversión en materia tecnológica, la puesta en funcionamiento del Polo Judicial y la optimización de los recursos humanos para el cumplimiento de normativas dispuestas, fueron algunos de los puntos salientes que destacaron en la presentación de la pauta de gastos para el 2021 del máximo tribunal de justicia ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras de Legislatura.

La apuesta por la capitalización en tecnología tiene una orientación: los sistemas informáticos, aplicaciones, sistemas de turnos y seguimiento de expedientes que la justicia puso en marcha y fue optimizando conforme fue avanzando la pandemia y, con ella, las demandas para acceder al servicio de justicia.

De acuerdo a los últimos presupuestos, en 2017 la inversión en tecnología en relación con el gasto total (excluyendo el personal) era de 7%, para 2021 se ha proyectado un 33%; porcentaje que también supera al de 2020 que se ubicó en el orden del 29%.

Respecto a gastos en personal, el presupuesto de 2021, incluyendo los programas, pretende un incremento en la planta de personal del 1.9%. Esta misma proyección realizada sobre la planta permanente del Poder Judicial, estipula que el gasto total en personal se ubicará en el orden del 86% del gasto total, 9 puntos por debajo de lo presupuestado en 2020 y también muy por debajo de años anteriores.

En términos porcentuales, la pauta de gastos presentada para el funcionamiento del sistema de justicia en 2021, es todavía inferior a la del año anterior y es la más baja desde 2017. Mientras que en 2020, la participación en el presupuesto provincial alcanzó el 3.20%, el diseño del proyecto para el 2021, representa el 2.65%.

Por último, el plan de inversión tecnológica y oralidad y el plan de obra pública previsto para el año entrante incluye construcción de edificios y mejoras en dependencias de las cuatro circunscripciones judiciales.

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