El Ejecutivo nacional derogó el decreto 795, que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El ente fue creado por la administración del expresidente Mauricio Macri a través de un DNU.
El Gobierno nacional derogó el decreto 795, que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, y restituyó la vigencia de la ley 25.764. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete de ministros.
Cabe recordar que el DNU 795/19, impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri, modificó la ley 25.764 y creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y el Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
En aquel momento, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció sobre el decreto en cuestión a través de la resolución 822/19, en la que expresó su preocupación “por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales”.
No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años
En los considerandos, el Poder Ejecutivo consideró que el decreto, dictado en noviembre pasado, no cumple las “circunstancias excepcionales” en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que “hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
“(…) no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”, indica el DNU.
De este modo, el Gobierno nacional derogó el decreto 795/19 y, en consecuencia, restableció el diseño institucional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, tal como fue “creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”.