17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

Los niños tienen algo que decir

Un informe del Ministerio Público Tutelar porteño advirtió la baja participación de los menores en los procesos judiciales donde están involucrados. El derecho de los niños a ser escuchados.

El Ministerio Público Tutelar presentó una investigación sobre "Violencia contra niñas, niños y adolescentes. Un análisis sobre su participación en los procesos judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Fue realizada por un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Tutelar tiene por objetivo analizar las prácticas de la justicia de la ciudad de Buenos Aires en las que se investigan hechos de violencia donde niñas, niños y adolescentes (NNyA) resultan víctimas, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también de normas nacionales y locales que protegen su derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

El documento analizó más de 100 expedientes que tramitaron en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Justicia de la Ciudad en los que se dio intervención al Ministerio Público Tutelar.

Se identificaron 170 niñas, niños y adolescentes que dieron lugar a la intervención de una Asesoría Tutelar del fuero PCyF en resguardo de sus derechos en calidad de víctimas y/o testigos. En relación con la edad, el 17,65% de quienes fueron identificados como víctimas o testigos tienen entre 0 y 4 años; el 47,65% tienen entre 5 y 12 años, mientras que el 27,65% son adolescentes de 13 a 17 años.

En cuanto al género, el informe advierte una mayor presencia de mujeres víctimas o testigos respecto de los varones. Esta brecha se acentúa de forma notable entre los adolescentes.

 

En este sentido, el informe señala la baja incidencia de las declaraciones de menores en los procesos penales o contravencionales relevados, ya que en los expedientes de amenazas, hostigamientos y maltrato en que han sido identificados como víctimas o como testigos, "sólo en un bajo porcentaje declararon efectivamente en el proceso judicial".

 

El 47% de los expedientes relevados investigan la presunta comisión de amenazas; el 31%, hostigamiento o maltrato; mientras que un 21%, incumplimiento de deberes de asistencia familiar (Ley 13.944). En un 19% de los expedientes refieren a la posible comisión de más de un delito o contravención, siendo la conexidad más extendida amenazas e incumplimiento de deberes de asistencia familiar.

El 78,3% de niñas, niños o adolescentes interviene en procesos iniciados por una denuncia realizada por su madre, y en el 10,1% de los casos por su padre, mientras que un 5,4% se inician por denuncias de otros familiares. En ningún caso se registra que la denuncia haya sido realizada por el propio menos afectado. En el 55% de los casos el agresor fue el padre de las víctimas menores.

En este sentido, el informe señala la baja incidencia de las declaraciones de menores en los procesos penales o contravencionales relevados, ya que en los expedientes de amenazas, hostigamientos y maltrato en que han sido identificados como víctimas o como testigos, "sólo en un bajo porcentaje declararon efectivamente en el proceso judicial".

Al respecto, la Asesora General Tutelar, Yael Bendel, destacó: "Con esta investigación nos propusimos observar las tensiones entre los objetivos del proceso penal y el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados. Nos enfocamos en las razones por las que se restringe su participación, haciendo hincapié en aquella que considera que la declaración de los chicos en los procesos judiciales podría implicar una revictimización".

"La declaración de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales puede resultar importante a los fines de investigar los hechos denunciados. A la vez, puede ser reparadora para esos chicos, más allá del resultado del proceso, además de constituirse en una forma de activar el sistema de protección integral ante la amenaza o vulneración de derechos".

Y concluyó: “La escucha en condiciones adecuadas y con profesionales especializados, con capacitación en materia de género e infancia, garantiza la obtención de una declaración precisa y confiable, evitando la reiteración del relato en otras instancias y su revictimización".


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