El Superior Tribunal bonaerense emitió una resolución alertando sobre el estado de cárceles y comisarías de la provincia y le ordenó al Tribunal de Casación Penal la creación de un espacio interinstitucional para abordar el grave problema.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución donde expresó que "resultan inadmisibles las condiciones de alojamiento en que se encuentran las personas privadas de su libertad", e instó al Poder Ejecutivo a implementar políticas para dar una solución integral a la grave problemática.
El texto firmado por Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan planteó "la preocupación" de la Suprema Corte por "por la falta de establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria y, muy en particular, por el alojamiento en seccionales policiales carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad".
La corte le ordenó a Casación la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías, con remisión de informes periódicos sobre el estado de avance.
"Aún cuando no es resorte del Poder Judicial diseñar la política criminal, como tampoco la carcelaria y de seguridad; ni definir los pormenores de su ejecución, a fin de no exorbitar la esfera de su jurisdicción, como cabeza de este poder del Estado, la Suprema Corte puede proveer lo necesario para contribuir a evitar la mayor afectación de derechos provocadas por el agravamiento de las condiciones de detención que verifican distintos magistrados de la Provincia", señalaron los jueces.
En ese sentido, los magistrados adelantaron que pondrán a disposición a los miembros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte para colaborar en la creación del espacio enconmendado.
La reacción del Superior Tribunal llegó a raíz de la sentencia del Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, que admitió un Habeas Corpus y ordenó una audiencia "a fin de tratar el plan a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de revertir la actual situación de hacinamiento en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires".
La corte le ordenó a Casación la creación de un espacio interinstitucional para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías, con remisión de informes periódicos sobre el estado de avance.