17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

Un cuaderno para anotar procesamientos

El juez Bonadío dictó el procesamiento de Cristina Kirchner, parte de su gabinete y empresarios, en el marco de la causa por los “cuadernos”. El magistrado entendió que hubo una “colusión” de funcionarios y empresarios que hizo funcionar “una maquinaria” de recaudación 

En un fallo de 551 fojas, el juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de 42 de los imputados en la causa por asociación ilícita conocida como “cuadernos de las Coimas”, que van desde a la senadora y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, parte de su gabinete y más de treinta grandes empresarios.

Según el juez, entre los años 2003 a 2015 hubo una “colusión”  de funcionarios y empresarios que hizo funcionar “una maquinaria que le sacaba, con procedimientos amañados, dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados” para distribuir coimas a funcionarios corrupto a cambio de que ese “selecto grupo de empresarios” también se llenara los bolsillos “mediante su participación en licitaciones y concesiones, sosteniendo posteriormente “un discurso acomodaticio y cobarde”.

Entre esa colusión, se encontraron CFK, Julio de Vido, José López y el propio Centeno, Javier Fernández, y el ex juez Norberto Oyarbide,  además de empresarios de la talla de Aldo Roggio, Angelo Calcaterra, y Enrique Pescarmona.

 

 La resolución que dispone los procesamientos reitera que aproximadamente entre el 23 de mayo de 20023 y el 9 de diciembre de 2015 – es decir, todo el mandato kirchnerista-  esta asociación ilícita, de la que formaban parte los empresarios y era liderada por las “altas autoridades del Estado” perpetraron un régimen de recaudación ilegal.

 

La mecánica, que salió a la luz en una investigación del diario La Nación, funcionaba de la siguiente manera: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o para ser beneficiado con un subsidio, una empresa o un grupo de empresas (UTE) entregaba a los funcionarios que Néstor Kirchner y Cristina Fernández designaban “para esos menesteres”, a fin de recibir esos “retornos” . Los fondos  pagados por el Estado eran “inflados y el dinero sobrante servía para financiar “actividades de naturaleza electoral”

Uno de las cuestiones que más polémica acaparó en relación a la investigación fue la falta de esos cuadernos, cuyos originales no se encuentran en el expediente. El magistrado federal, en su resolución, aclaró que ello no impedía proseguir el trámite ya que existen “múltiples elementos que permiten corroborar tanto su existencia, como así también la veracidad de las anotaciones” .

Es que en esas anotaciones se describe “el modo en que se realizaba parte de la recaudación”, pero las pruebas de mayor peso en el caso terminaron siendo las declaraciones de los arrepentidos.

A su vez, la resolución que dispone los procesamientos reitera que aproximadamente entre el 23 de mayo de 20023 y el 9 de diciembre de 2015 – es decir, todo el mandato kirchnerista-  esta asociación ilícita, de la que formaban parte los empresarios y era liderada por las “altas autoridades del Estado” perpetraron un régimen de recaudación ilegal.

Bonadio entendió que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández lideraron esa asociación ilícita. En un párrafo del fallo explica que el dinero proveniente de las “coimas” era entregado “alternativamente” a “los titulares del Poder Ejecutivo” en la casa de ambos, en la residencia presidencial de Olivos o en la Casa de Gobierno, pero que además ellos eran “los que daban las directivas y ordenes  para el desarrollo de las maniobras investigadas”, amén de que “resultaban los beneficiarios finales de las mismas”.

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