El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Gils Carbó; mientras el Senado se prepara para debatir una nueva iniciativa de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Los detalles de la iniciativa.
A través del Decreto 898/2017, el presidente Mauricio Macri aceptó a partir del 31 de diciembre próximo la renuncia de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación. Así, el Gobierno se prepara para avanzar con una reforma de la ley orgánica y la designación del reemplazante.
"Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la señora doctora D. Alejandra Magdalena Gils Carbó al cargo de procuradora general de la Nación", indica el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
Meses atrás, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma ante la Cámara de Diputados, el cual no consiguió el “consenso” necesario y su tratamiento se “congeló” en las Comisiones. Por esta razón, el oficialismo intentará nuevamente con otra iniciativa para modificar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Dicha propuesta comenzará a ser discutida este miércoles en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El proyecto fue presentado el viernes pasado y limita la discrecionalidad del jefe de los fiscales para conducir el destino del organismo. Así, se fija que el mandato en cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez por dos años más.
El texto es autoría del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y lleva las firmas de los senadores Ángel Roza, Miguel Pichetto, Pedro Gustavino y Rodolfo Urtubey.
La iniciativa comenzará a ser discutida este miércoles en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
La propuesta establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios, por lo que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 legisladores.
Respecto a la remoción, se modifica el proceso de juicio político y dispone un mecanismo más flexible, ya que el futuro procurador podrá ser removido a iniciativa fundada del Poder Ejecutivo o de cualquier legislador de la Cámara de Diputados, que deberá aprobarla por mayoría absoluta de sus miembros presentes. En ambos casos se requiere el acuerdo del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros, previa participación del interesado.
También amplía las facultades de contralor por parte del Poder Legislativo, a través de la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento del Ministerio Publico de la Nación.
Por último, dispone clausulas transitorias sobre los trasladados de los fiscales, designaciones de subrogantes y nombramientos sin concurso. Este punto encendió las alarmas entre funcionarios y personal, quienes podrían verse afectados según la actual redacción del proyecto.