La Corte Suprema dejó sin efecto una cautelar dictada por la Cámara Federal de Mendoza que impedía a 23 provincias calcular el Impuesto a los Ingresos Brutos a las concesionarias representadas sobre la base del monto total de las ventas. Fue ante un pedido de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires
En una causa que involucra a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (A.C.A.R.A.) la Corte Suprema dejó sin efecto una medida cautelar ordenó a 23 provincias que se abstuvieran de calcular el monto para el tributo del impuesto a los ingresos brutos de las concesionarias de autos.
El fallo fue dictado en autos “A.C.A.R.A. y otros c/ Agencia de recaudación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ acción meramente declarativa de derecho” por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes revocaron de esa manera la medida de no innovar dictada por la Cámara Federal de Mendoza.
El Tribunal a quo había ordenado que los fiscos provinciales se abstuvieran, entre otras cosas, de determinar el impuesto a los ingresos brutos a las concesionarias “sobre la base del monto total de las ventas”; la medida alcanzaba hasta los agentes de retención, que no podían retener el tributo sobre esa misma base de cálculo, los fiscos tampoco podían expedir títulos ejecutivos sobre montos calculados sobre la base de las ventas.
La causa llegó a la Corte tras un recurso extraordinario presentado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, que denunció que a más de un año de presentar el remedio, la Cámara Federal no había sustanciado el recurso.
El Máximo Tribunal criticó a su inferior: “no es lícita la demora indefinida de la mencionada providencia”, y eso fue pie para abrir la instancia extraordinaria y, sin pronunciarse sobre el fondo, suspendió “los efectos de la sentencia apelada”.
“Atento a lo solicitado por la recurrente y a que los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en esta presentación directa pueden, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal, debe declararse admisible la queja y decretarse la suspensión del curso del proceso, sin que esto implique pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso”, fue el argumento prestado por los ministros del Máximo Tribunal.