La diputada nacional Elisa Carrió solicitó nuevamente el juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Además, la Cámara de Diputados postergó para agosto el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que busca limitar temporalmente la figura del procurador y reducir sus poderes.
En las últimas horas, la diputada nacional Elisa Carrió presentó un nuevo pedido de juicio político contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública”. La legisladora había realizado la misma petición en 2013, pero el trámite había perdido estado parlamentario.
Según los fundamentos de la presentación, “el comportamiento de la actual Procuradora General merece el mayor reproche que el Congreso de la Nación puede expresar, el que según la legislación vigente amerita por parte de esta Cámara la formación de causa contra Gils Carbó por ante el Senado de la Nación a efectos removerla de su cargo”.
Carrió manifestó que “la Procuradora General de la Nación ha cometido actos incompatibles con su función primordial y constitucionalmente concebida de promover la actuación de la justicia en defensa de la ‘legalidad’ de los intereses generales de la sociedad, en ‘coordinación’ con las demás autoridades de la República”.
De este modo, la diputada recordó que “Gils Carbó se encuentra imputada en varias causas judiciales por la posible comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (...) habría designado fiscales ilegalmente, esto es, sin haber cumplido con el procedimiento previsto a tal efecto, y ha sido acusada de realizar maniobras tendientes a encubrir, a través del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del círculo de confianza más cercano de la ex Presidente”.
Asimismo, aseveró que la Procuradora General de la Nación solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento que disponga "la suspensión del fiscal Campagnoli en el ejercicio de sus funciones, abriendo la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación”, con el objetivo de "aleccionar simplemente por investigar y, a la vez, efectuar una clara advertencia al resto de los integrantes del Ministerio Público a su cargo”.
Respecto al manejo presupuestario, la presentación consignó que “debe ser analizado a efectos de verificar si se ha cumplido con la legislación vigente, si ha habido un uso responsable y legal de los recursos públicos” al considerar que la "deficiente planificación presupuestaria y el manejo discrecional de las partidas, permiten dar verosimilitud a información que debe verificarse sobre el pago por adelantado de servicios sin que los mismos se hubieran prestados”.
Postergado hasta nuevo aviso
Las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados postergaron el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo. La intención era obtener un dictamen para su tratamiento antes del receso parlamentario de invierno.
La iniciativa busca imponer un límite temporal al procurador e introducir las figuras de los subprocuradores generales en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado.