En el cuerpo hay un proyecto para crear un cuerpo interdisciplinario que emita informes periciales en lo Juzgados de Familia. Además, la iniciativa busca equiparar en el cargo de Prosecretario Administrativo a todos los asistentes sociales que se desempeñan en el Fuero Civil.
Ante las necesidades cotidianas de los Juzgados Civiles, las consejeras Gabriela Vázquez y Adriana Donato presentaron un proyecto para la creación de un cuerpo interdisciplinario, compuesto por 24 psicólogos, 24 psiquiatras y 24 asistentes sociales, con el objeto de que emitan los informes periciales que se requieran conforme la normativa vigente en los Juzgados de Familia.
Según relata el proyecto, a través de
“Como consecuencia de ello, se generaron obstáculos en el accionar cotidiano de los Juzgados Civiles, produciendo dilaciones en los tiempos de los procesos, ausencia de mecanismos específicos y un importante número de vacancias frente a graves y complejas problemáticas familiares, exigiendo por ende una solución urgente, integradora y definitiva”.
En este sentido, el texto explica que “una solución de carácter definitivo requerirá de un procedimiento lento, lo cual obliga a analizar una medida intermedia, paliativa y que resulte expeditiva a las necesidades actuales, logrando atemperar la grave situación que atraviesan los Juzgados, quienes se ven afectados con la dilación de las causas, debido a la falta de los informes periciales previstos por la Ley N° 26.657 de Salud Mental; circunstancia que se agravará con la próxima entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, para el dictado de los dictámenes de un equipo interdisciplinario, conforme lo dispuesto por los arts. 31, 37, 40, 41, 47, 50 y 405”.
Entre las tareas, el Cuerpo realizará "evaluaciones en los procesos de declaración de incapacidad; determinar la necesidad de internación o modalidad de tratamiento para casos de padecimiento mental o consumo de drogas; orientación acerca de la modalidad de abordaje respecto de niños institucionalizados en dispositivos asistenciales; determinación de la capacidad para el ejercicio de la función parental y estrategias de abordaje para una pronta definición de la situación del niño que ha sido objeto de medidas excepcionales; valoraciones necesarias para validar o descartar denuncias de maltrato y abuso sexual infantil, cuando no se cuenta con intervención penal".
Asimismo, se encargará del análisis respecto de la conveniencia y modalidad de procesos de revinculación, en casos de presunto abuso sexual infantil u otras circunstancias que hayan derivado en una prolongada suspensión del contacto; diagnósticos en casos de violencia doméstica, en aquellas situaciones con presunción de dolencia mental o consumo en los denunciados, o bien cuando los denunciados resulten ser niños o jóvenes, remitiendo a una conflictiva familiar crónica; la intervención en casos de divorcios destructivos y cuando las conflictivas conyugales afectan la parentalidad.
También efectuará la valoración de “aspectos psicológicos, psiquiátricos y sociales en casos de denuncia de malos tratos o negligencia en la atención de judiciables en internaciones psiquiátricas, comunidades terapéuticas o instituciones asistenciales; la determinación de la edad de la persona; y cualquier otra tarea auxiliar específica encomendada por el magistrado para el desarrollo y resolución del proceso”.
En una primera etapa, la iniciativa establece que “presten funciones al efecto 24 psicólogos, 24 psiquiatras y 24 asistentes sociales, los que serán asignados igualitariamente entre los 24 juzgados de familia, y que se sumarán a los 2 Asistentes Sociales que actualmente prestan funciones en cada Juzgado”.
Por otro lado, ante reclamo de equiparación de cargos realizado por los Asistentes Sociales que actualmente revisten el cargo de Jefes de Despacho y que se desempeñan en los Juzgados de Familia, el proyecto propone "equiparar en el cargo de Prosecretario Administrativo a todos los asistentes sociales que se desempeñan en el Fuero Civil, lo cual deberá comenzar a regir a partir de la creación de los cargos necesarios por parte de la Corte Suprema".