¿Qué debe primar a la hora de discutir un proyecto de ley? ¿La opinión o el lobby de los sectores interesados en que avance o no? ¿O la realidad de hecho? Los números en relación a las muertes por abortos clandestinos en Argentina resultan traficantes de una situación que resulta insostenible.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvieron a emprender el camino legislativo que permita la despenalización de los métodos seguros de interrupción del embarazo, buscando evitar, de esta manera, más muertes a causa de este flagelo que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población.
Este martes comenzarán nuevamente las discusiones al respecto, gracias al encuentro que se realizará en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, donde se encuentra la mayor parte de los legisladores que apoyan la propuesta (ante la consulta de varios medios, los senadores se mostraron más reacios a avanzar con un proyecto de este tipo).
Los cruces no tardaron en llegar, y nacieron, fundamentalmente, de la diputada Cynthia Hotton (MC), quien es una activista en contra del derecho al aborto, promoviendo además la moral católica en sus diversos ámbitos de intervención.
La integrante de la Cámara Baja disparó contra Diana Conti (FpV), quien en reiteradas oportunidades se mostró a favor de esta iniciativa: “Cristina (por Fernández, la presidente) da un doble mensaje. Por un lado le dice al Papa Francisco que está a favor de la vida y por el otro habilita a sus diputados a darle tratamiento en comisiones. ¿Cuándo se vio que una kirchnerista, de la talle de Diana Conti, se corte sola? Su relación con Roma es rara y genera una tensión política poco clara”.
Además, la presidenta de la organización Valores para mi País también precisó que “el aborto y la despenalización del consumo de drogas son dos debates importantes para la democracia, y la presidente Cristina Fernández de Kirchner los está usando como cortina de humo para desviar la atención sobre la inseguridad, la corrupción y la inflación”.
Otra legisladora que salió a desmarcarse del asunto fue Patricia Bullrich (PRO), quien desmintió que existiera un pacto para que la ley se aprobara antes de fin de año. La diputada, que preside la Comisión de Legislación Penal, afirmó que este “no es el momento” para avanzar con un proyecto de este tipo.
También consignó que la última vez que se debatió este tema sufrió una “emboscada” de parte de grupos “proabortistas”, que “quisieron imponerme en el temario el tratamiento del tema y sacar en esa misma reunión un dictamen favorable. Se confabularon para ir a la reunión, que durante meses no tuvo quórum. Habían planificado todo en silencio, sin avisarme y a espaldas de la sociedad”.
“Así fue como, frente a mi posición irreductible de sacar dictamen ese 30 de septiembre, bajo presión y por imperativo de un grupo, en la clandestinidad de la sociedad, que nada sabía, como no lo sabía yo, es que logré que a cambio de no sacar dictamen se convocara a la comisión el 4 de noviembre”, precisó la diputada.
Como era de suponer, las polémicas por el reformado artículo 19 del nuevo Código Civil y Comercial ya comenzaron, debido a que Bullrich utilizó este argumento, es decir, el del concepto de persona a partir del momento de la concepción, para alegar una contradicción con el proyecto de aborto legal.
¿Qué dice la nueva iniciativa?
El proyecto enviado, una vez más, para que sea discutido por los diputados propone unas simples modificaciones al Código Penal, ya que básicamente se solicita que se deroguen los artículos 85, inciso segundo, 86 y 88 del cuerpo normativo, y en su lugar se tengan en consideración los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
El primer artículo del proyecto establece que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”; en tanto, el segundo precisa que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley”.
Uno de los puntos importantes es, además del que establece la voluntad expresa de la mujer para que se practique el aborto, el que precisa que “las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa”; esta prerrogativa se encuentra consignada en el artículo séptimo.
En los fundamentos, los diputados firmantes y los integrantes de organizaciones sociales que impulsaron el proyecto afirmaron que “la despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Solo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer”.
“La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres”, afirmaron los legisladores.
Los datos duros forman parte de una justificación importante: “Según declaraciones del ministro de salud de la Nación se calcula que se realizan en el país 800.000 abortos por año. Según estimaciones del Ministerio de Salud, el 37 % de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto. De ellos, cerca del 15 % corresponde a adolescentes menores de 20 años”.
“El aborto inducido -en forma clandestina y en condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestro país y de aproximadamente 80 mil hospitalizaciones por año. En 1995 hubo 53.978 egresos hospitalarios por complicaciones de abortos. Esta cifra ascendió en 2000 a 78.894 internaciones a causa de una interrupción del embarazo inseguro”, añadieron.
“Nunca hubo una cifra tan alta y las adolescentes son carne de cañón de este desamparo: en el 2000 hubo 555 internaciones correspondientes a niñas de 10 a 14 años y 11.105 chicas de entre 15 y 19 años, hospitalizadas por problemas derivados de un aborto" y por otra parte (...) el 35% de las muertes maternas en adolescentes es a causa de embarazos terminados en abortos, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. En el año 2000 por primera vez en elpaís se registraron muertes maternas en menores de 15 años”, se precisó.
El informe planteó que “en la actualidad, el 33% de los egresos hospitalarios por causas obstétricas -excluyendo el parto normal- se debe a complicaciones de aborto. El notable aumento de los egresos por aborto en los últimos años -crecieron entre 1995 y 2000 un 46%- da cuenta de la alta incidencia del aborto inseguro”.
dju
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