La Procuración General de la Nación dictaminó que ACUMAR debe abonar una multa por "falta de asistencia sanitaria". Los detalles de la resolución en la que ahora tiene la palabra la Corte Suprema de Justicia.
Laura Monti, procuradora fiscal ante la Corte Suprema, dictaminó que “resulta procedente la imposición de astreintes bajo apercibimiento de embargo sobre el Fondo de Compensación Ambiental” contra la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
El dictamen de la procuradora fiscal llega luego de un de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que confirmó una resolución por la que se aplicó “astreintes” a ACUMAR. Según consigna el fallo, la multa fue porque no se completó la propuesta de trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Monti sostuvo que "resulta procedente la imposición de astreintes bajo apercibimiento de embargo sobre el Fondo de Compensación Ambiental". Ya que “todos los recurrentes se encuentran obligados a cumplir las sanciones conminatorias dispuestas” por lo que opinó que debía confirmarse la sentencia.
En la causa un juez de primera instancia ordenó a los demandados que presentaran, en el plazo de veinte días, un informe sobre la planificación tendiente a ejecutar los relevamientos sobre la salud física y psíquica de los actores, habitantes de la región. Pero “sólo el 4,8% de los pacientes había efectuado las interconsultas pedidas en el "ejercicio anterior y que el resto de ellos no las habían realizado porque manifestaban carecer de tiempo o de recursos económicos para los traslados”.
“Sobre la base de tomar en cuenta que la ACUMAR había cumplido parcialmente con la prueba anticipada, estimó que debían reducirse las astreintes aplicadas en la instancia anterior”, explica el dictamen.
Para Monti “resulta procedente la imposición de astreintes bajo apercibimiento de embargo sobre el Fondo de Compensación Ambiental, toda vez que el destino asignado expresamente a dicho fondo involucra en forma genérica a todos los habitantes de la cuenca incluyendo a los actores, quienes iniciaron el presente proceso en defensa de sus derechos al considerar que los daños a la salud que padecen provienen de la contaminación ambiental”.