Rafael Jorge Mordkovich

Sr. Editor: Previamente citaré dos frases de la obra Bases de Juan B. Alberdi, que dicen: La división del poder es la primera de las garantías contra el abuso de su ejercicio..... y la otra: La política -no la Justicia- consulta el voto del que manda, del que influye, no del que obedece..... Luego es simple imaginar lo que pienso tanto de la supresión de la intangibilidad de las compensaciones que reciben los funcionarios del Poder Judicial, como así de lo que se quiere llamar "democratización de la justicia. Gravar las "compensaciónes" que perciben los hombres del Poder Judicial es contrario a la manda constitucional del art. 110. Pero he de agregar que dicha prescripción no tiene relación con el dudoso interés fiscal de gravar las compensaciones, sino que la relación esta en lo profundo del sistema democrático, que exige la división del poder, y la independencia del Poder Judicial. Si el Legislativo, impone gravámenes y el Ejecutivo los cobra, y es correcto que así sea, hace a la división de los poderes que el Judicial no sea alcanzado por gravámenes. Los controlados por el Poder Judicial, tendrían de otra manera la potestad de fijar la remuneración de quien los controlan, y ello resulta disparatado. De modo tal que defender la intangibilidad de las compensaciones, no es defender una casta de empleados públicos, sino defender el primer tratado al que se sumo nuestra República, que es el sistema democrático. El ciudadano educado en ese sistema quiere jueces independientes y cual es la independencia si su dieta esta sujeta a la voluntad de terceros. Asi como el recambio de autoridades evita el autoritarismo, la estabilidad de mientras dure su buena conducta, asegura jueces sin compromisos políticos, lo que implica decir compromisos con los influyentes. La Constitución propuesta por Juan B. Alberdi, decía que los jueces cobran "sueldos", pero nuestra Constitución habla de compensación, y eso no es casual. Cabe recordar que es esta Constitución la que juramos y no otra. La Justicia Legítima es la independiente. Quiero aclarar que no trabajo en ninguna dependencia nacional. provincial, o municipal, es más ni siquiera soy abogado. Mi profesión es la de contador público, y en la Escuela Nacional Nº 5 José de San Martín aprendí las lecciones de Educación Democrática, materia que evidentemente parece no dictarse. Creo que la pregunta es: ¿vale la pena poner en riesgo, una base de la Libertad por una insignificante cuota de recaudación?