14 de May de 2024
Edición 6964 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 15/05/2024

Brevatas

Beara: confirman procesamientos de los dueños del boliche | Ordenan detener al músico Piero | Iría 6 años a prisión por falsificar título escolar  | ONU preocupada por cárceles argentinas

 

Confirman procesamientos de los dueños del boliche Beara

La sala VII de la Cámara del Crimen, con la firma de Juan Cicciaro y Mauro Divito, confirmó los procesamientos de los empresarios dueños del boliche Beara por “homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y leves”. En el fallo los magistrados sostienen que pese a que Beara estaba habilitado sólo como lugar de “fiestas privadas”, allí se realizaba “actividad bailable destinada al público en general, cuya relación con las muertes y lesiones consecuentes se funda en el hecho de que a raíz del ingreso indiscriminado y la circulación de personas al entrepiso sin control la estructura se derrumbó”. La medida alcanza a Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria, Iván y Ronaldo Flies y Maximiliano Frattini, quienes además fueron embargados por 3 millones de pesos. El 10 de septiembre del 2010 un derrumbe en el local causó la muerte a dos jóvenes, Adriana Lizarraga y Paula Provedo, lesiones graves a otras tres personas y once con lesiones leves.

El músico Piero buscado por la Justicia

El Tribunal Oral número 5 de La Plata decidió este martes declarar en rebeldía al músico Piero De Benedictis y ordenó su detención ya que no se presentó a la primera audiencia en el marco de un juicio en su contra por fraude contra el Estado de la provincia de Buenos Aires. El cantante está acusado por el manejo irregular de 40 subsidios otorgados por la Subsecretaría de la Minoridad de la Fundación Buenas Ondas para el financiamiento de una "ecogranja" educativa. Según consignaron fuentes judiciales, si la causa no comienza antes del próximo 15 de febrero caducaría, dado que comenzó a tramitar en 2002 cuando Piero era secretario de Cultura bonaerense. También están involucrados en el caso la vicepresidente de la entidad Mariana Schettini, la secretaria Susana Molinari y el tesorero, Gustavo Solanas, hijo del diputado nacional Fernando "Pino" Solanas.

No es broma falsificar un título secundario

Un hombre acusado de fraguar su título de egresado del colegio secundario quedó procesado por "falsificación de documento público", un delito que contempla penas de hasta seis años de cárcel. La Sala Segunda de la Cámara Federal dispuso el procesamiento como "partícipe necesario" de Pablo Edgardo Queirolo, a raíz de una causa que se inició en 2006. Una hermana del imputado se presentó en agosto de aquel año en la oficina de legalizaciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un certificado analítico de estudios secundarios para su legalización perteneciente a su hermano, "supuestamente confeccionado por el Colegio Nacional Vespertino Cte. Raúl E. Goubat, el cual resultó ser apócrifo". "Si bien se logró establecer la existencia del establecimiento estudiantil, no obra en éste constancia alguna en relación a que el encausado haya concurrido a esa institución. Inclusive se ha determinado que los datos de registro académico insertos en el título cuestionado, pertenecen a otra persona", sostiene el fallo, firmado por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

ONU preocupada por cárceles argentinas

La Oficina Regional para América del Sur de Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por la "reciente ola de muertes y violencia en las cárceles" argentinas y de la región.  Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó su alarma ante la "violencia en las cárceles de América del Sur, que en los últimos días ha cobrado la vida de al menos tres prisioneros en Uruguay, dos en Argentina, dos en Venezuela y uno en Chile". "Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia arcelaria en la región, que es una consecuencia directa de, entre oras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el acinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos  ales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene", señaló Incalcaterra.

 

 



dju

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