El juez federal Mario Racedo decidió procesar a 14 empresarios industriales tucumanos por presunta contaminación de la cuenca Salí-Dulce. El conflicto judicial por el vertido de residuos ya tiene más de diez años. El mismo magistrado había elevado a juicio oral dos causas en julio de este año.
Más de diez años lleva la discusión. Durante ese lapso, diferentes industrias siguieron vertiendo desechos en la cuenca Salí-Dulce, compartida por las provincias de Tucumán y Santiago Del Estero. Fue también durante esos años que la Justicia realizó peritajes que corroboraron las denuncias en contra de varios empresarios. Por eso, este miércoles el juez federal Mario Racedo decidió procesar a 14 industriales acusados de contribuir a la contaminación de una de las fuentes de agua más importantes del país.
El mismo juez Racedo (que subroga el Juzgado que, a raíz de la aprobación del pliego en el Senado de la Nación, pasará a ocupar Fernando Poviña) se encargó este año, a mediados de julio, de procesar a empresarios de la citrícola Cota y el frigorífico La Barraca. A su vez, los ejecutivos tienen procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En este nuevo procesamiento se repitieron las dos empresas y se agregó a Mario Delfor Criado, gerente de Construcciones y Servicios La Banda S.R.L.; José Antonio Fernández, administrador del Ingenio Santa Rosa; Julio Colombres, propietario del Ingenio Nuñorco y presidente del Centro Azucarero Regional de Tucumán;.
Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, responsables del Ingenio La Trinidad; Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde, representantes legales de Papelera Tucumán; Jorge Javier Rodríguez Arreyes y Héctor Eduardo Lavaguetti, directivos del Frigorífico Moderno; Leopoldo Domingo Uciardello, empresario vinculado al Ingenio Cruz Alta, y Eduardo Lucas Fornaciari, apoderado de la citrícola Citromax.
Esta decisión del magistrado fue apelada por todos los imputados, quienes a su vez recibirán una multa económica y no serán afectados por la prisión preventiva.
En tanto, fuentes judiciales aseguraron que cada expediente responde a una investigación diferente y con distinto grado de desarrollo, más allá de que todas las acciones llevadas a cabo parten de la misma denuncia.
Las actuaciones judiciales de la causa comenzaron en 2005 a raíz de la denuncia presentada por el gobierno de Santiago Del Estero que elevó sus reclamos por contaminación a tribunales locales, y los poderes ejecutivos nacional y provincial. Hasta que la Justicia Federal empezó a actuar, sus denuncias no fueron atendidas debidamente.
Al comenzar a subrogar el Juzgado, Racedo comenzó con una profunda investigación en el marco del artículo 55 de la Ley 24.051 de Desechos Peligrosos, que reprime con “reclusión o prisión de tres a diez años al que, utilizando los residuos a los que hace referencia la norma, envenenare, adulterare o contaminare -con riesgo para la salud- el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
A pesar de todos los avances que generó la investigación judicial, la situación de la cuenca no mejoró. Más allá de los planeas de inversión y de compromiso llevados a cabo por las industrias, distintos peritajes dieron en mostrar que la contaminación empeoró en los últimos años.
Esta situación provocó cruces y declaraciones fuertes entre los gobiernos de Santiago Del Estero y Tucumán. Inclusive, el defensor del pueblo santiagueño aseguró que a raíz de esta situación, el Ejecutivo tucumano podía perder potestad sobre el Salí-Dulce.