Brevatas

La Procuración de la Corte de Mendoza y la SRT firman un acuerdo para poner fin a la "industria del juicio"

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza firmaron, recientemente, un convenio que permitirá un mayor control de los  casos que llegan a la Justicia y están relacionados con el resarcimiento de enfermedades profesionales y accidentes laborales. El acuerdo fue impulsado a raíz de que se detectaron, en esta provincia, reiteradas estafas al Fondo Fiduciario administrado por la SRT. Mediante el acuerdo, la SRT se compromete a proveer a la Procuración datos específicos -a través de su Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal-, los cuales estarán disponibles a través de un sitio web creado con esta finalidad. Los datos consisten en: registros de accidentes laborales, enfermedades profesionales, contratos de afiliación, actuaciones judiciales de las ART, incumplimientos de los empleadores y estadísticas sobre estas cuestiones. La SRT también pondrá a disposición de la Procuración a dos profesionales médicos, especialistas en medicina del trabajo, y a un técnico en seguridad e higiene laboral, para que estos especialistas actúen como peritos de la Procuración. Las medidas de colaboración que contiene el convenio forman parte de un plan de acción conjunta, entre la SRT y el gobierno provincial, tras la detección de diversas operatorias tendientes a lograr la homologación judicial de acuerdos que procuran indemnizaciones por enfermedades o accidentes laborales que, en algunos casos, ni siquiera ocurrieron. El sistema adoptado en este acuerdo ya ha sido implementado en la provincia de Córdoba y ha dado resultados positivos.

La Alameda otra vez ante el fiscal

Gustavo Vera, representante de la ONG La Alameda, presentó este martes una nueva ampliación a la denuncia promovida en diciembre del 2009 presunta “explotación de la prostitución ajena”, en la que, entre otros, figuran seis inmuebles que serían de Zaffaroni. El escrito presentado en la fiscalía correccional N° 7, a cargo de Edgardo Orfila, solicitó se investigue si inmuebles del ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni eran explotados como prostíbulos por una asociación ilícita integrada por quien figuraba como inquilina del magistrado. Según consigna el texto presentado ante el fiscal hay “suficientes” elementos de juicio “como para afirmar que el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni dio en arriendo sus departamentos a personas que los utilizaron para explotar la prostitución”. Para los denunciantes, el juez “no pudo explicar adecuadamente” por qué motivo se celebraron cinco contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda con la misma persona y con prohibición de sublocar. “La gente normal no vive en cinco inmuebles al mismo tiempo ya que, en principio los seres humanos no sólo carecemos del don de la ubicuidad, sino que, además, los inquilinos de mono ambientes no suelen ser personas de gran fortuna”, precisa el texto de la ampliación.

La Corte Suprema le dijo que no a Papel Prensa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, hoy, el tratamiento de un recurso interpuesto por Papel Prensa. El Alto Tribunal de la Nación lo resolvió por unanimidad. Puntualmente, la Corte decidió no ingresar en el tratamiento del recurso de queja deducido por  Papel Prensa S.A., -contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que decidió levantar la medida cautelar que hasta entonces impedía aplicar la Resolución Nº 1/2010 de la Secretaría de Comercio Interior, que estableció condiciones de venta del papel para diarios-, pues consideró que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva o equiparable.

El caso de Solange Grabenheimer llega a casación

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro decidió aceptar el recurso de casación presentado por el Fiscal Alejandro Guevara, los padres de Solange Grabenheimer, Patricia Lamblot y Roberto Grabenheimer, "con representación de Roberto Damboriana", en la causa que investiga el asesinato de Solange por parte de su amiga Lucila Frend, quien en esta primera instancia obtuvo un pronunciamiento favorable de parte de los magistrados. El planteo llegará entonces hasta la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.