Lavado: los contadores pueden respirar

Luego de la reunión que tuvieron en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce) llegaron a un acuerdo para modificar algunos puntos de la resolución 25/2011.

Uno de los cambios está relacionado con lo contemplado por el artículo 2, inciso G de la normativa. Es que ahora, no serán controlados los profesionales independientes que preparen las declaraciones juradas de impuestos de personas físicas.

Además, se introdujo otro cambio fundamental. El monto mínimo para reportar operaciones sospechosas ya no será de tres millones de pesos. Ahora, pasará a ser de seis millones.

El cambio también estima que los contadores que presten servicio de auditoría o sindicatura de una sociedad superior a los seis millones de pesos, y que por ende, deban reportarla, lo haga en virtud de la nueva fecha de vigencia de la norma, que será el primero de enero.

En ese mismo orden, desde la UIF también se comprometieron a contemplar uno de los pedidos de las entidades de profesionales del área financiera. Es que los únicos sujetos obligados a realizar reportes por operaciones sospechosas son los contadores públicos.

Según entienden desde la Facpce, "los abogados que actúan en el mismo rol, es decir, frente a igual función, según se establece en la ley de Sociedades Comerciales, se impone al contador público responsabilidades adicionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo que no tiene el abogado".

Estas modificaciones están enmarcadas en el tratamiento que está realizando la Cámara Alta con respecto a la Ley Antilavado.

Si para la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, que será el próximo 20 de junio, la normativa no está aprobada, la Argentina podría recibir una sanción de parte de la entidad por falta de actualización en la legislación antilavado.