La consejera-diputada Diana Conti advirtió que los jueces se enteran incluso antes de que los consejeros terminen las reuniones porque “llaman a la Secretaría [General] para saber qué pasó” y allí les informan. Fue mientras se discutía un planteo hecho por la defensa del juez salteño Miguel Medina, que pidió la nulidad de una notificación que le cursó el Consejo. Además, el CELS volvió a requerir que se abra el juicio político contra la jueza de Instrucción Alicia Iermini.
Un recurso presentado por la defensa del juez federal de Salta Miguel Medina generó el rechazo casi unánime de los consejeros que participaron en la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación de este jueves. El magistrado estaba citado por el artículo 20 del reglamento para el 30 de septiembre próximo acusado de “mal desempeño en sus funciones” pero los abogados que lo patrocinan señalaron que no fue notificado con la debida antelación.
La consejera-diputada Diana Conti, que presidió la reunión, defendió el accionar del Consejo respecto de la notificación pero indicó que la Cámara de Salta “tardó un poquito” y en lugar de notificar al juez 10 días antes, como lo establece el reglamento, lo hizo 9 días antes.
Sin embargo, Conti denunció que los jueces se enteran de sus citaciones incluso antes de que los consejeros terminen las reuniones porque “llaman a la Secretaría [General] para saber qué pasó” y allí les informan.
La defensa de Medina además recusó al consejero-diputado Carlos Kunkel –autor del dictamen que pidió la citación-, pidió la nulidad de la notificación, solicitó a los consejeros no kirchneristas que “revieran su decisión” de citar al juez, cuestionó la acumulación de una serie de expedientes y la forma de la declaración del juez de la Corte de Salta Abel Cornejo, denunciante de Medina.
Visiblemente molesto, el consejero-académico Mariano Candioti expresó su “desagrado” con lo presentado por la defensa encarada por la constitucionalista María Angélica Gelli. Finalmente, la comisión de Disciplina y Acusación rechazó la nulidad de la notificación y la citación prevista para el 30 de este mes se postergó para el 7 de octubre.
En el encuentro también compareció la directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Andrea Pochak quien expresó la “inquietud” de esa entidad por la “falta de resolución” de la causa por la muerte de Walter Bulacio. La abogada recordó que la Corte Interamericana, en el fallo dictado en 2003, advirtió respecto de las “serias falencias” de los jueces que intervinieron en la causa.
“Para nosotros está comprobado el mal desempeño” de la jueza de Instrucción Alicia Iermini, completó Pochak que pidió a los consejeros que aceleren los plazos y que abran la acusación contra la magistrada antes del recambio en la composición del cuerpo que selecciona y acusa a los magistrados. Antes de la intervención de Pochak, un hombre que estaba presente en el salón y que se identificó como defensor de Iermini, pidió la palabra. Por decisión de todos los consejeros, le fue concedida.
El abogado dijo que Iermini “sólo tuvo el expediente [de Bulacio] durante 3 años y medio” y no por 9 años, como se señaló. Aseguró que la causa no era por la muerte del joven, en 1991, sino por la privación de su libertad y que la ley que regía en ese momento era muy permisiva para con los defensores que “podían presentar lo que quisieran”.
“O aplicaba la ley o se convertía en una prevaricadora”, dijo el abogado en referencia a la actuación de la jueza Iermini y añadió que la causa estuvo 4 años en la Cámara del Crimen y 1 año y medio en la Corte Suprema.
Este jueves además se desestimaron denuncias contra los jueces marplatenses Eduardo Jiménez y Rodolfo Pradas (subrogante); contra el mendocino Walter Bento (cuestionado por el suspendido camarista Luis Miret); contra los camaristas del Trabajo Héctor Guisado y Elsa Porta (en cuyo caso se declaró abstracta porque renunció); y contra el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo.
A propuesta de presidencia, se desestimó in límine una denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide, cuestionado por Andrés Marutian, abogado del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Del encuentro participaron Conti, Kunkel, Candioti, y los consejeros Luis Cabral, Luis Bunge Campos, Héctor Masquelet, Ernesto Sanz y Santiago Montaña.