08 de May de 2024
Edición 6961 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/05/2024

Brevatas

Arranca la Comisión de Seguimiento de la ley provincial 14042 | Santa Fe: el viernes, el veredicto | Comenzó la inscripción en un concurso para un cargo de secretario de la Cámara de General Roca | Pedido de la CIDH por los pueblos indígenas

 

Buenos Aires: se puso en funciones la Comisión de Seguimiento de la ley 14042

La Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, designó a los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la ley 14042. Debe estar conformada por “ex presos políticos" que evalúen el trabajo del organismo provincial "con el firme compromiso de ayudar en las gestiones que así lo necesiten”. Esta ley tiene como finalidad reparar con una pensión graciable a aquellos bonaerenses que durante la última dictadura militar hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Cobacho designó a Juan Miguel Scatolini, Eva Raquel Orifici, Raúl Alberto Marcian y a Juan Humberto Grimaldi como integrantes de esa Comisión.

 

El viernes El TOF de Santa Fe da el veredicto contra Facino

El TOF de Santa Fe, integrado por María Ivón Vella, Ricardo Moisés Vázquez y José María Escobar Cello, dará a conocer este viernes el veredicto en el marco del juicio que se lleva a cabo en esa ciudad contra Mario Facino, ex jefe de Policía acusado por el secuestro y homicidio de la docente Alicia López de Rodríguez, ocurrido en el año 1976. La audiencia comenzará a las 9 y se prevé que los jueces concedan las últimas palabras al imputado. Facino se encuentra imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso real con los delitos de tormentos agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos y homicidio, todos en perjuicio de López de Rodríguez. El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Martín Suárez y Patricia Longo, solicitó la pena de 25 años de cárcel para Facino, mientras que la querella, representada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pidió prisión perpetua para el ex policía.

El secretario anterior había denunciado a los camaristas por “acoso laboral”

Este lunes comenzó la inscripción para un concurso público de oposición y antecedentes que tiene como objetivo cubrir la vacante de Secretario Penal de la Cámara Federal de General Roca. Ese cargo fue ocupado hasta hace unos meses por Juan Luis Vincenty, un hombre que denunció a dos integrantes del tribunal (Ricardo Barreiro y Carlos Müller) por “acoso laboral”. Luego de la denuncia, el 30 de diciembre del año pasado Vincenty fue declarado cesante. Vincenty apeló esa decisión ante la Corte Suprema pero el Máximo Tribunal, en el mes de junio, confirmó la cesantía. Así, los aspirantes a participar del concurso, según publicó la página Web del Poder Judicial de la Nación, podrán inscribirse entre el 9 y el 13 de agosto “personalmente, por terceros autorizados o por correspondencia”. Quien desee hacerlo personalmente deberá dirigirse a la Cámara Federal de General Roca, ubicada en España 1690. Asimismo, este viernes la Cámara Federal de General Roca celebró 20 años de su creación en un acto al que acudieron la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral, entre otras autoridades.
 

Llamado a los Estados de la OEA

En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un “llamado” a los Estados miembros de la OEA -entre ellos Argentina- a “adoptar medidas efectivas para respetar, garantizar y promover los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y las personas que los conforman”.  La CIDH expresó su “preocupación” por el hecho de que “numerosas comunidades y pueblos indígenas a lo largo de las Américas soport[en] condiciones alarmantes de desposesión territorial, de privación o insuficiencia en el acceso a los recursos naturales de los cuales dependen sus prácticas de subsistencia y de falta de provisión de servicios básicos de alimentación, agua, salud y habitación por parte de las autoridades estatales”. “La sumatoria de estas condiciones –continuó- expone a los pueblos indígenas y sus miembros a situaciones de vulnerabilidad e indefensión extremas, que obstruyen el ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos, con particular incidencia sobre la preservación y reproducción de sus culturas ancestrales”. En el país, persisten comunidades mapuches, wichis y tobas, entre otras. En junio, la diputada por concertación-Forja Silvia Vázquez presentó un proyecto para otorgar personería jurídica a los pueblos nativos.



dju

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