El nuevo fuero tendrá competencia exclusiva sobre el tratamiento de los delitos derivados de la evasión impositiva únicamente y dejará para el actual Penal Económico la represión de los delitos emanados del contrabando, balance falso, régimen penal del cheque y otros delitos y la instancia revisora en infracciones cambiarias, multas en regímenes administrativos como el de propaganda médica y sanciones del sistema de AFJP, entre otras cuestiones. Ayer el proyecto enviado por el presidente Fernando De la Rúa y refrendado por los ministros Rodolfo Terragno (Jefatura de Gabinete) y Ricardo Gil Lavedra (Justicia) que contempla la creación de este nuevo fuero se encontraba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Pero, como aconteció con la de Justicia, se cree que saldrá sin grandes modificaciones a la propuesta original del Poder Ejecutivo ya que el peronismo del Congreso acompaña a grandes rasgos esta iniciativa de De la Rúa para el Poder Judicial que contempla -además de la mencionada- otras modificaciones de importancia: introducción de la figura del arrepentido, suspensión de los juicios contra el Estado por un plazo aún no definido, emergencia judicial para cubrir vacantes de jueces y el traslado de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La emergencia judicial y el fuero Penal Tributario son los dos proyectos que más apura el gobierno y quiere tenerlos sancionados por la Cámara de Diputados antes de fin de mes, -posiblemente el 27 de enero- para poder después discutirlos en el Senado. En esa cámara la pulseada será más difícil -o más costosa, según se la mire- porque el PJ la domina cómodamente, aunque el peronismo del Congreso se encuentra dividido en dos o tres grandes bloques en el que atienden su propio juego los senadores que responden a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde y a los tres gobernadores estrella: Carlos Ruckauf, José Manuel De la Sota y Carlos Reutemann. De todos modos, en el gobierno se cree que no habrá mayores obstáculos para avanzar sobre cuestiones de la Justicia y la única discusión -la idea inicial que fue duramente resistida aún por radicales era nombrarlos por decreto- es si los nuevos jueces serán designados por el Consejo de la Magistratura, que le llevará un tiempo importante hasta la preparación de los concursos de oposición y antecedentes, o si se acuerda una ley que permita nombramientos ad referendum del Consejo, una idea que ya se debatió en este cuerpo. Ese proyecto de Cruchaga empezaba a ser debatido al cierre de esta edición aunque con grandes posibilidades de ser aprobada.
En la actualidad son mas de 100 las vacantes que deberán ser cubiertas en la Justicia ya sea por renuncias o por jubilaciones. A esos nombramientos se le deben agregar 6 camaristas -habrá una cámara con dos salas-, 3 jueces de juicio oral -habrá un tribunal- y 3 jueces de primera instancia en el ámbito de la Capital Federal. Además se crean 6 juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias con Jurisdicción territorial en al Capital Federal y que tendrán en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a su propio tribunal de alzada. Para el interior se crearán secretarías específicas que funcionarán en los juzgados federales con competencia civil, comercial, laboral y contencioso administrativo.