A través de un comunicado la Administración Federal de Ingresos Públicos informó que durante 2008 se recaudaron en concepto de montos recuperados por juicios a morosos, $549.342.000, mientras que el año 2009, la cifra fue de 809.099.000 de pesos. La AFIP informó oficialmente que inició 212.934 juicios por cobranzas a contribuyentes morosos por un valor superior a los 4.914 millones de pesos, y pidió que se trabaran embargos por más de 2.136 millones de pesos sobre fondos y valores depositados por contribuyentes deudores en entidades financieras. Desde la sanción de la Ley 25.239 en diciembre de 1999, que facultó a la AFIP a trabar medidas cautelares, se incrementó año tras año el recupero efectivo de la deuda en gestión judicial. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, explicó que este procedimiento "otorga mayor celeridad al trámite judicial, disminuye el dispendio jurisdiccional y así se evita que los deudores morosos provoquen su insolvencia para evitar cumplir con el pago de sus deudas".
Se suma a la presentación que hizo días atrás la Secretaría de Comercio
La Comisión Nacional de Valores pidió a la Justicia la intervención de Papel Prensa por "irregularidades" en el funcionamiento del directorio. En la presentación judicial la CNV le endilga a la empresa el no cumplimiento de una resolución de la autoridad de contralor de empresas que cotizan en la Bolsa, en la que se advertía sobre irregularidades en dos reuniones de directorio del 4 de noviembre de 2009, una de ellas donde se renovaron las autoridades, siendo elegido Alberto Maquieira como presidente en lugar de Luis María Julio Saguier. La Comisión Nacional de Valores destacó que la acción judicial fue respaldada por todas las áreas técnicas del CNV y aprobada por unanimidad por su Directorio. El pedido de intervención se suma al que realizó días atrás la Secretaría de Comercio Interior en calidad de representante del Estado en la empresa, al considerar que "la vía administrativa está agotada por la negativa del Directorio de dar marcha atrás con las decisiones cuestionadas".
Rechazan recusación de la mujer de Zanola y confirman a jueces de la Cámara Federal
La Sala II de la Cámara Federal rechazó un pedido de recusación de los jueces del tribunal que presentó la mujer de Juan José Zanola, Paula Aballay, procesada en la causa de la mafia de los medicamentos, para que los magistrados dejen el caso por considerar que “existe un temor fundado” que estén “inclinados a obrar en la causa de un modo no completamente imparcial”, ya que le negaron la excarcelación pero en enero pasado le fue otorgada por la Sala I de feria del tribunal. Los jueces Horacio Catani y Martín Irurzun calificaron de “improcedente” la presentación y sostuvieron que los argumentos de la recusación “no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por el ordenamiento procesal para promover el apartamiento solicitado”.
Rechazo "in limine"
La jueza nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, rechazó “in limine” el recurso de amparo presentado por Cámara de la Industria y Comercio de Carne y Derivados de la República Argentina contra las normas que reglamentan la adjudicación de la Cuota Hilton. Así el día viernes 5 de febrero la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario ratificó que continuará con el procedimiento normal y procederá a abrir las ofertas presentadas para la asignación. Rodríguez Vidal no le reconoció legitimación a CICCRA por no esgrimir la afectación de un derecho individual propio al no tratarse de un derecho de incidencia colectiva. Así quienes deberán presentar el amparo son las empresas presuntmente damnificadas y no la Cámara. En cuanto a la empresa Cundir S.A., que adhirió al amparo de CICCRA, la jueza consideró que tampoco tiene legitimación por no haber acreditado su condición de exportadora.
Instó a las autoridades del país a revisarlo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la “ambigüedad” del decreto de amnistía que aprobó el Congreso de Honduras el 26 de enero de 2010, un día antes de la asunción del mandatario Porfirio Lobo. La CIDH instó a las autoridades de ese país a “revisar” el decreto. En un comunicado el organismo manifestó que “la aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos contraviene la obligación de los Estados partes de la Convención Americana y añadió que “en la práctica, la aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en la impunidad”. La CIDH sostuvo que el decreto de amnistía contiene conceptos “confusos o ambiguos” y destacó especialmente la referencia doctrinaria que se hace al delito político, la amnistía para conductas de carácter terrorista y la inclusión de la figura de abuso de autoridad sin indicar su alcance.