En la presentación, los denunciantes solicitaron al Consejo de la Magistratura su “inmediata intervención” para que el juez Blanco (que este año cobró notoriedad a partir de su resolución en la causa de las candidaturas “testimoniales”) “sea sometido al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción” de su cargo o, en su defecto, se le aplique una sanción disciplinaria.
La denuncia, firmada por Nilda Eloy (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) y Graciela Rosenblum (Liga Argentina de los Derechos del Hombre) y Nora de Cortiñas, entre otros, citó el discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al abrir el año judicial. En esa oportunidad, Lorenzetti manifestó que “durante este año una de las prioridades de la Corte serán las causas que se siguen por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar”.
Y agregó: “Esto no es por una política conveniente sino porque Argentina sufrió en su historia un drama que hay que reparar. Y tienen razón los que reclaman sentencia para los acusados. Estamos juzgado el pasado y sentando las bases para el futuro”.
“Coincidimos en la necesidad de sentenciar a los acusados para reparar los crímenes de los genocidas, para asegurar el presente y para sentar las bases para el futuro, pero ésas solo son palabras si la tarea queda en manos de quienes –como el juez Blanco- posibilitan que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetrando”, reza la denuncia que se presentó ante el Consejo.
El texto, de once carillas, repasa una por una las causas que tiene Blanco a su cargo y las dilaciones que el juez generó o no frenó. Mencionó el expediente “Dupuy, Abel David y otros s/ homicidios, torturas, tormento y privación ilegítima de la libertad”, en el que da cuenta de una especie de enfrentamiento entre el juez y la Cámara Federal.
En la causa por los delitos perpetrados en el centro clandestino de detención La Cacha, la presentación del colectivo Justicia Ya” subrayó que el expediente fue abierto el 26 de marzo de 2003 y hasta la fecha no hubo “ningún indagado y ningún procesado”.
“En la actualidad –añadió- ante los reclamos de los organismos de DDHH, se abrió una etapa en la que el juez ocupa todo su tiempo en volver a tomar testimonio a aquellas víctimas que ya prestaron su declaración en distintos juzgados y/o en el Juicio por la Verdad que sustancia la Cámara Federal de La Plata”.
“No hay servicio ni sistema de contención y/o protección de testigos que resulte efectivo, cuando la revictimización proviene de quien debe reparar, impartiendo justicia. Llegando al extremo de utilizar al personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para contactar a las víctimas, permitiéndole al mismo llevar a cabo interrogatorios previos a la declaración, fuera del recinto del juzgado a su cargo”.
La presentación, que ahora deberá analizar la comisión de Acusación del Consejo, resumió: “Desde la reapertura de los juicios, el juez Manuel Blanco solo procesó a 14 penitenciarios en la causa ‘Dupuy’, sin que hasta la fecha exista un solo imputado por las causas a su cargo donde se investigan los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos La Cacha, 1 y 60, comisaría octava, ni en aquellas donde se investigan los delitos cometidos por la Triple A ni los referidos a la inhumación ilegal de cuerpos en el Cementerio de La Plata”.
“Además –sentenciaron-, ha demorado, entorpecido o paralizado las actuaciones en todas las causas –en particular en la causa Lopez- en muchos casos desoyendo las órdenes” de la Cámara Federal.