El Instituto funcionaría en el ámbito de la Presidencia de la Nación, tendría rango de Secretaría de Estado y portaría “autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines”. Además, el titular del Instituto será nombrado por el Ejecutivo.
La misión del Instituto será “el desarrollo y la concreción de los compromisos asumidos por el Estado Nacional para promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en condiciones de paridad, plena igualdad y no discriminación”.
Entre sus funciones, el Instituto Nacional de las Mujeres diseñará e implementará un Plan de Igualdad de Derechos, Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones, que deberá coordinar con las distintas jurisdicciones y promoverá “la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones de los organismos del Estado” y en las políticas públicas en el ámbito nacional.
El Instituto será el encargado a su vez, de “promover la adopción de medidas para erradicar las desigualdades de género -civiles, políticas, económicas, sociales y culturales- que obstaculizan el logro de un desarrollo humano equitativo y sustentable, con crecimiento económico e inclusión social” y dirigirá la política nacional de lucha contra la violencia de género.
La iniciativa, que deberá ser abordada por las comisiones de la Cámara Alta, incluye una perspectiva continental pues propone “fomentar la cooperación regional e internacional en materia de género y contribuir a lograr un orden internacional propicio al logro de la ciudadanía plena y al ejercicio efectivo de los derechos humanos, incluido el derecho a un desarrollo justo, equitativo y sustentable para mujeres y varones”.
El texto redactado por las senadoras oficialistas prevé que el Instituto podrá “intervenir en todas las acciones y estrategias relacionadas con el tema mujer que se elaboren en los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional” y articular acciones con el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, creado por la ley 26.485.
Para eso, deberá “convocar, conformar y coordinar” una Comisión Interministerial, para acordar y desarrollar políticas transversales de género, y un Consejo Federal de las Mujeres para que el Plan de Igualdad de Derechos, Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones se implemente en todas las jurisdicciones.
El texto, remitido a los senadores, también propone que en el instituto participen una diputada y una senadora nacional –que formen parte de las comisiones legislativas con competencia en la materia- y una integrante de la Corte Suprema de Justicia. Además se propone la creación de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.
Las senadoras Perceval, Maza y Díaz señalaron, entre los fundamentos para promover el proyecto, que “el reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones ha sido un proceso lento”.
“Esta lentitud –continuaron- es atribuible, por una parte, al nivel de desarrollo económico, social, político y cultural de cada país, pero también responde a la capacidad de los Estados para introducir en las acciones de gobierno los compromisos asumidos internacional y regionalmente”.
En 2003, la senadora Perceval presentó una iniciativa similar que obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Familia y Minoridad y Presupuesto y Hacienda y fue aprobado por unanimidad por la Cámara Alta al final de ese año pero no fue tratado por Diputados y perdió vigencia parlamentaria. Cuatro años más tarde, fue presentado un proyecto similar que llegó a tener dictamen unánime de comisión pero no fue tratado sobre tablas.
A modo de conclusión, las senadoras subrayaron que “un Instituto Nacional de las Mujeres, en tanto espacio para garantizar la transversalidad de género en el diseño y desarrollo de políticas públicas, es una herramienta imprescindible para la democracia paritaria y la igualdad que nos debemos”.