La Justicia rechazó el habeas corpus presentado por Carlos Carrascosa, por lo que seguirá preso en el penal de Campana, donde cumple su condena por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce. El planteo de la defensa fue rechazado por "inadmisible", ya que el tribunal consideró fue presentado "fuera de tiempo y forma". María Marta García Belsunce fue encontrada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country El Carmel y al principio se consideró que había sido un accidente doméstico al resbalar en la ducha. Luego se comprobó que María Marta había sido asesinada y se acusó a su marido Carlos Carrascosa del crimen quien fue condenado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires a prisión perpetua.
El fiscal lo quiere preso
El fiscal de juicio de Morón Alejandro Varela presentó el recurso extraordinario para que se revoque el fallo por el cual el padre Julio César Grassi fue condenado a 15 años, aunque no se le dictó la prisión inmediata hasta tanto quedase firme. En su pedido, al igual como lo hizo en su alegato durante el juicio, el fiscal pidió que Grassi fuese condenado a 30 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y corrupción de menores, y a su vez que se dicte su detención inmediata. Semanas atrás, el cura fue condenado por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 (TOC1) de Morón a la pena de 15 años de prisión, por los delitos de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada". El fallo también fue apelado por las tres querellas, una de las cuales había solicitado la pena de 37 años para el sacerdote.
Rechazo por cuestiones formales
El Máximo Tribunal rechazó por cuestiones formales un recurso de queja contra las resoluciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y del Tribunal Oral Federal 5 que le habían prohibido a un detenido por delitos de lesa humanidad conectarse a Internet desde su celda de Marcos Paz. Según la Corte "el recurrente incumplió con los artículos 4 y 7 inciso C) del reglamento aprobado por la acordada 2007". El reglamento establece requisitos relacionados con la extensión de los planteos y los documentos que deben acompañarlos para hacer lugar a la presentación. El acusado, Alberto Eduardo González, había sido autorizado a ingresar a la unidad carcelaria de Marcos Paz una computadora portátil, pero se le restringió el uso, impidiendo que pudiera acceder a Internet. El ex oficial de la Marina está procesado por su presunta participación en secuestros y torturas.
Los efectos de la gripe A llegaron a la Justicia de Entre Ríos
Por la suspensión de las clases dispuesta por el Gobierno de Entre Ríos a raíz del aumento de casos de gripe A, la Justicia provincial dispuso la suspensión del programa “La Justicia va a los Barrios”. El defensor General interino de la provincia, Maximiliano Benítez, dispuso la suspensión de las actividades de ese programa en la escuela Máximo Victoria de la ciudad de Paraná “hasta que estén dadas las condiciones sanitarias para su efectivización”, informó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos a través de un comunicado. La decisión fue tomada en conjunto con los jueces y funcionarios que también integran el programa. “La Justicia va a los Barrios” es una iniciativa por la cual los magistrados salen a distintos establecimientos de las ciudades de la provincia para asesorar en trámites a personas que no tiene acceso a la Justicia.
Alegatos de lo indefendible
Este miércoles, en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, comenzarán los alegatos de la defensa en la denominada causa “Campo de Mayo”. El tribunal, compuesto por Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti, investiga el secuestro y la imposición de tormentos en Iris Pereyra de Avellaneda y Floreal Avellaneda, este último por homicidio ya que su cadáver apareció en las costas de Uruguay. Ambos hechos ocurridos en 1976. Los alegatos de las defensas, comenzarán a las 9:30 horas con la exposición de los representantes de Alberto Aneto, ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien cumplía funciones en la Comisaría de Villa Martelli. El viernes 3 de julio, será el turno del alegato del defensor oficial que representa al resto de los imputados: Santiago Riveros, que fuera comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Osvaldo García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; César Fragni y Raúl Harsich, quienes se desempeñaban en la citada escuela, y Fernando Verplaetsen, jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. En el juicio declararon 55 testigos y son querellantes Iris Pereyra y su marido, Floreal Avellaneda, representados por Jorge Brioso de Armas; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Federación Juvenil Comunista y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Durante la primera etapa de alegatos, la fiscalía y las querellas pidieron la pena de reclusión perpetua en cárcel común para los seis acusados. Al mismo tiempo, la fiscalía pidió al tribunal una pena alternativa de 25 años de prisión para Riveros y Verplatsen, 18 para García, 17 para Aneto y 15 para Harsich y Fragni.