El objetivo del proyecto, según fundamenta el mismo, tiene “como norte la imperiosa necesidad de fortalecer este órgano del Estado, que forma parte del Poder Judicial, empero con una función diferenciada y autónoma, bajo la conducción del fiscal general del TSJ.”
La idea es que se instaure al Ministerio Público Fiscal como un órgano intrapoder, con autonomía funcional, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo el territorio de la Provincia.
Entre los motivos expuestos por el fiscal al presentar el proyecto, enumeró “el vacío normativo en que se encuentra en nuestro ámbito provincial, la actuación de dicha institución”.
“No obstante que en el orden nacional la reforma constitucional operada en el año 1994, le otorgó rango constitucional al Ministerio Público, encomendándole la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, dicha manda no ha sido receptada en nuestro ordenamiento legislativo local”, aseguró el fiscal.
“Esta institución de control social, carece de una ley orgánica local que defina su organización, competencia y que precise el ámbito de intervención”, añadió.
Por otro lado recordó que hasta el momento, la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia viene realizando varias tareas: atender causas sometidas a la jurisdicción originaria y exclusiva del Alto Tribunal, aquellas causas que arriban al Tribunal Superior por vía de recurso de casación, las cuestiones de la Justicia electoral (en la que el fiscal general integra como juez permanente la Junta Electoral), y también respecto a todas las cuestiones relativas a la Superintendencia del Poder Judicial, entre otras.
En el proyecto, se prevé que el fiscal general del tribunal sea la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal provincial. A su vez, que este último estará conformado por fiscal general, el Consejo de Fiscales, dos fiscales adjuntos a la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia, fiscales de Cámara, agentes fiscales, ayudantes fiscales, fiscales auxiliares y prosecretarios letrados. En el texto, propuso que el fiscal general sea designado por la Legislatura local con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, en sesión pública a propuesta del Poder Ejecutivo.
Además, propone que las tareas a cargo del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia sean la de ejercer la jefatura del Ministerio Público Fiscal, controlar la gestión de todos los integrantes del Ministerio, administrar los recursos materiales, poder participar de la evaluación, selección, propuesta y designación de los integrantes del mismo, intervenir en los asuntos relativos a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, asistir a los acuerdos del Alto Tribunal y poder determinar la política criminal del organismo, entre otras.