La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la excarcelación de Miguel Angel Clements, oficial de Marina, y Daniel Cuomo, suboficial, ambos imputados en la causa ESMA. Para los magistrados “no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la justicia por parte de los imputados”. Las excarcelaciones fueron firmadas por los jueces Guillermo Yacobucci y Luis M. García, en cambio Gustavo W. Mitchell se pronunció en disidencia. La medida podrá ser apelada por el fiscal Raúl Pleé. El tribunal fijó una caución personal con tres fiadores; el juez Sergio Torres debe establecer el monto de la fianza que, una vez satisfecho, les permitirá quedar en libertad. En diciembre del año pasado una medida similar que había concedido la libertad de los ex capitanes de navío Jorge "El tigre" Acosta, Alfredo Astiz y otros 10 marinos procesados por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada, generó un gran revuelo. La presidenta Cristina Fernández se había permitido opinar indignada por la medida de la Cámara, que finalmente, gracias a la apelación fiscal, nunca se llevó a cabo en forma efectiva.
¿Se expropia o no?
El trámite judicial de expropiación no registró avances según lo confirmaron fuentes de la Procuración Nacional del Tesoro. La causa había sido presentada en febrero con carácter de juicio sumarísimo. Una hipótesis posible es que la paralización de la expropiación, se debe al posible acuerdo con Marsans. Cabe recordar que la expropiación es ley desde diciembre del año pasado, hecho al que la empresa contestó con una denuncia contra el Estado Argentino frente al CIADI. Incluso con el viaje de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a España, meses atrás, se especuló con un acuerdo que todavía no se concretó, por el cual el grupo empresario español desistiría de la denuncia frente al organismo internacional.
La Cámara dice que el ex marino puede entorpecer la acción de la Justicia [texto completo]
La Cámara Federal porteña prorrogó por un año la prisión preventiva del ex represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Ricardo Cavallo en cuatro causas en la que está acusado de cometer delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Los jueces Eduardo Farah y Martin Irurzun sostuvieron que en libertad existe la posibilidad que Cavallo “coarte a los testigos, o los induzca a falsear su declaración, o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial”. Los magistrados agregaron que el ex marino “entorpecería la acción de la justicia en caso de recuperar la libertad”. La medida fue tomada en cuatro expedientes: la megacausa ESMA, la apropiación de bienes de desaparecidos, y el secuestro y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh y las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon.
Una película de suspenso
Autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) fueron denunciados por presuntas "amenazas”, y delitos de “abuso de autoridad y posible asociación ilícita", al realizar acciones para separar a empleados del organismo. El asesor letrado de la Gerencia de Asuntos Internacionales, Emiliano Fassino, realizó la denuncia contra funcionarios de las áreas de Recursos Humanos y Gerencia General, e incluso pidió investigar al sector de presidencia. Según el escrito, el cual recayó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, todo comenzó en mayo de 2008 cuando hubo “una suerte de persecución que se centraba en tratar de obligar a renunciar a su puesto de trabajo a varios empleados, a cambio de una suerte de indemnización por retiro, con el fin de que esos puestos jerárquicos fueran ocupados por la nuevas autoridades de conducción”.
El letrado podría enfrentar un juicio académico
Alfredo Solari es profesor de Garantías Constitucionales en el Proceso Penal en la Facultad de Derecho de la UBA y a la vez defiende a represores de la talla de Ricardo Cavallo. Entre sus representados también figuran varios ex integrantes de los grupos de tareas de la ESMA, entre ellos, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Alberto Eduardo González y Pablo García Velasco. Durante la primera clase de este año –según informó hoy Página/12- Solari habría preguntado a los estudiantes: “¿Para qué les pagamos a los militares?”. “Para matar”, aseveró el profesor minutos después. Por esos dichos, el alumno Martín Gerónimo Gianella pidió, en una carta enviada al decano de la facultad Atilio Alterini, un juicio académico (el procedimiento para analizar la destitución de un docente) para Solari. La cátedra en la que da clases el abogado tiene como titular a Juan Vicente Sola, director del Departamento de Derecho Público I. “Desde mi trinchera en uno de los actuales teatros de operaciones, el ámbito judicial, veo claramente que ninguna de las armas jurídicas que la Constitución te otorga, ninguna, absolutamente ninguna, sirve. Ni servirá, tal como las cosas están planteadas. Y están claras las razones: porque el problema no es jurídico, sino que es político. Y en consecuencia, las armas jurídicas no sirven ni servirán para resolverlo”, escribió el profesor de derecho en una carta abierta de ocho carillas.
Se declaró inocente de los cargos de esclavitud y homicidio
Josef Fritzl se declaró hoy culpable de haber secuestrado, mantenido una relación incestuosa y violado a su hija Elisabeth durante 24 años aunque dijo ser inocente de los cargos de esclavitud y homicidio de uno de los bebés que tuvo con la mujer. En el primer día del juicio, el acusado, de 73 años, entró en la sala de audiencias con la cara cubierta con una carpeta de color azul y se negó a contestar las preguntas de los periodistas de la televisión pública austríaca. Entre las medidas dispuestas para garantizar la transparencia del juicio, se decidió que los ocho miembros del “jurado popular” estén bajo permanente supervisión para evitar contactos con la prensa. Además, la sala será registrada para detectar cámaras o micrófonos escondidos. La hija de Josef, Elisabeth no acudirá al juicio y testificará mediante una grabación de 11 horas, en la que contará cómo su padre la encerró en un sótano a los 18 años, cómo la violó sistemáticamente y cómo dio a luz a siete hijos, uno de los cuales murió tras el parto. La acusación de homicidio se basa en que Fritzl no permitió que ese bebé recibiera asistencia médica. También está acusado de esclavitud, violación, secuestro e incesto, crímenes que en Austria se condenan con penas máximas de 15 años de prisión no acumulables. La víctima, que hoy tiene 43 años, relatará cómo fueron los 24 años que pasó encerrada en un sótano de 60 metros cuadrados, sin luz ni ventilación natural, donde crió a tres hijos mientras que los otros tres (que eran “más débiles y ruidosos”) fueron llevados por Josef a vivir con él y su mujer.