La propuesta exige a los estados que apliquen penas no sólo para las personas físicas, sino también para las jurídicas. Por lo que las sanciones económicas incluyen la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, así como el pago de los salarios atrasados. Además la norma también prevé condenas penales en casos de reincidencia, explotación o empleo de víctimas de tráfico humano y menores.
Con ello se introducirán penas mínimas a escala europea, entre multas y la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas durante un periodo de cinco años a los empleadores que no la cumplan.
Por ejemplo, un empresario que ha infringido la directiva tendrá que devolver las ayudas percibidas durante el año anterior y deberá hacer frente a una multa proporcional al número de inmigrantes irregulares empleados.
También, los Estados miembros también introducirán sanciones financieras reducidas para las personas que utilizan los servicios de inmigrantes clandestinos como empleados del hogar, siempre y cuando no se trate de casos de explotación.
Ahora bien, en cuanto a la forma de denuncia, los estados de la Unión Europea designarán asociaciones y sindicatos que representarán a los inmigrantes. Estos serán encargados de prestar ayuda para que los inmigrantes denuncien a los empresarios.
Algo que aclara la norma, es que dichas organizaciones, no serán perseguidas por la Justicia por ayudar a los inmigrantes que estén en esa situación irregular. Del mismo modo, quienes cooperen con la Justicia para identificar a los empleadores de inmigrantes ilegales, se les pondrá otorgar permisos temporales de estancia.
Por otro lado, la norma establece que se realizarán por parte de los países miembros, “inspecciones eficaces y suficientes”. De igual manera, los empresarios también estarán obligados a informar a las autoridades nacionales de las nuevas incorporaciones procedentes de terceros países.
El Parlamento Europeo tiene previsto aprobar formalmente los próximos 18 y 19 de febrero la directiva que establece las sanciones para los empresarios que den trabajo a inmigrantes que no hayan regularizado su situación.
Javier Moreno, miembro de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, dijo que "esta directiva requiere el compromiso y la voluntad política de todos los Estados. Tenemos ante nosotros la oportunidad de dejar claro que nuestra voluntad es proteger a los inmigrantes y sancionar a los explotadores". No obstante ello, el gobierno de Bolivia calificó a este intento como “xenófobo” y “racista”. En este sentido, mediante un comunicado, el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Evo Morales “manifiesta su total rechazo a esa medida, en consideración al principio del irrestricto respeto a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos”.
Ya que para el gobierno Boliviano se debería replantear la medida “tomando en cuenta los acuerdos internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados en los ámbitos e instancias internacionales”. Ya que “frenar el acceso al trabajo de los inmigrantes los deja en una situación vulnerable”.