La tarea estará a cargo de la Comisión de Estudio de los Principios Penales del MERCOSUR cuya creación fue dispuesta por la resolución ministerial 3122, publicada este martes en el Boletín Oficial. El órgano estará coordinado técnicamente por la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro e integrado por los abogados Joaquín Da Rocha y David Baigún, bajo la presidencia del Ministro de Justicia.
“Que, atento el actual contexto sociocultural, y los crecientes fenómenos de internacionalización y de mayor complejidad del crimen organizado, y ante la inminente necesidad de conformar un bloque de cooperación para su lucha, resulta conveniente estudiar los principios penales de la legislación vigente en los Estados Miembro y Adherentes del MERCOSUR, recordando, asimismo el marco referencial de los Derechos Humanos y Garantías contenidos en los Instrumentos internacionales ratificados por los Estados Miembro del MERCOSUR”, explica.
El objetivo de la iniciativa es “consensuar un proyecto que lleve a la armonización de las legislaciones penales en el bloque, propiciando la colaboración entre los Estados miembro, resultando por último, un eficaz método para combatir al crimen organizado en sus variantes más complejas”.
La resolución destaca que uno de los compromisos al crearse el MERCOSUR fue el de “armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”. En ese marco, “surge la inminente necesidad de abordar las legislaciones regionales, adoptando diseños dotados de una apropiada elaboración desde lo técnico-jurídica.
“Que, por su parte tanto la República Argentina, como el resto de los Estados miembro del MERCOSUR, han ratificado una serie de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentran la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional sobre Derechos del Niño”, recuerda la resolución.