Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani escucharon el informe “in voce” de Fernando Gómez Miranda, hijo del contador Conrado Gómez, quien durante una audiencia reclamó la confirmación de los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadío, magistrado que para adoptar esa medida contra ex militares que actuaron durante la represión, dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Bonadío hizo suyo un fallo del por entonces juez federal Gabriel Cavallo –ahora miembro de la Sala Primera de la Cámara—confirmado luego por la Sala Primera y ahora a estudio, por apelación, de la Corte Suprema de Justicia.
De aplicar similar criterio, la Cámara se pronunciaría nuevamente en contra de las dos normas dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que beneficiaron a miles de militares que participaron de la represión ilegal.
Bonadio procesó con prisión preventiva al ex almirante Emilio Eduardo Massera y de los marinos Jorge "Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Francis Whamond y Jorge Perren a quienes acusó de integrar una supuesta asociación ilícita.
El magistrado dio por probado que los imputados conformaron esa banda delictiva, liderada por Massera, para realizar diversos delitos tales como la "privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas", "extorsión" y "falsificación de instrumento público" contra los empresarios Conrado Gómez, Victorio Cerruti y Horacio Palma.
Los empresarios fueron secuestrados y durante su cautiverio en la ESMA fueron victima de maniobras económicas por parte de los ex marinos para despoderarlos de sus bienes, entre los que se contaban valiosos caballos de pura sangre y fincas en Mendoza, en la zona conocida como Chacras de Coria.
Acompañado por el abogado Eduardo Barcesat, el hijo del contador Gómez reclamó a la Cámara elevar los embargos trabados a los imputados, de dos millones doscientos mil pesos, a cien millones.
Asimismo, también reclamaron la aplicación de la "Convención Internacional sobre Genocidio" lo que "posibilitaría que todos los represores cuya extradición es negada por el Gobierno argentino sean sometidos a juicio en jurisdicción nacional".
El juez Bonadío también había acusado a los detenidos por el desapoderamiento de bienes de los empresarios a quienes "mediante la intimidación y violencia" se los "habría obligado a poner, a disposición de los encartados, bienes de su patrimonio".
Según el magistrado, los marinos dispusieron de los bienes de los secuestrados, a través de "operaciones" en las que se habrían utilizado "nombres supuestos", como el de "Juan Hector Ríos", entre otros.
Los empresarios fueron secuestrados por un grupo de tareas en 1977 y alojados en la ESMA, allí fueron despojados de sus bienes como automóviles, caballos de carrera pura sangre y de otras propiedades.
Cerrutti fue obligado a traspasar las tierras que poseía en la zona residencial de Chacras Coria, en Mendoza, valuadas en 12 millones de pesos, a una sociedad denominada Will-Ri y que había sido constituida por los marinos para administrar los bienes de sus víctimas.