El juez federal Norberto Oyarbide dictó un sobreseimiento definitivo en favor de los directivos del Banco Mayo, en el marco de la querella impulsada por el Banco Central durante casi 9 años, basada en una supuesta utilización en provecho propio y de terceras personas de los casi 300 millones de dólares de redescuentos que había inyectado en la entidad presidida por Ruben Beraja para ayudar a superar una situación de iliquidez patrimonial. En una extensa y pormenorizada resolución que se conoció hoy en tribunales, el magistrado estableció que “…En primer lugar, corresponde señalar de manera contundente que no existe en autos un solo elemento de prueba, ni siquiera a título indiciario, que acredite o siquiera insinúe la sospecha que esos casi 300 millones de dólares prestados por el BCRA al Banco Mayo fueron empleados de manera ilícita o irregular, y mucho menos que fueran destinados a financiar clientes “vinculados” a los directivos aquí procesados.” “…El 30 de octubre de 1998, por resolución Nº 629/98 el BCRA dispuso la exclusión de activos y pasivos del Banco Mayo en los términos del art. 35 bis de la LEF, autorizando la transferencia de tales pasivos (entre ellos, los asumidos ante el BCRA por 328 millones) a favor del Citibank.”
“Así se produjo la primera novación de la deuda originariamente asumida por el Banco Mayo con el BCRA, pues conforme lo estipula el art. 35 bis de la L.E.F. y el art. 801 del Código Civil, mediante ese mecanismo, al asumir el Citibank como propia tal obligación ante el BCRA, el Banco Mayo quedó liberado al respecto, no siendo más deudor del BCRA y no pudiendo entonces serle reclamado más nada por ello, de conformidad con lo que al respecto prevé el art. 816 del Código Civil. A criterio del juez
“a partir de ese momento, 30 de octubre de 1998, el Banco Mayo (YA NO LE DEBÍA NADA al B.C.R.A (sic), por los redescuentos, sino el Citibank que había asumido la deuda. Esto no sólo es formalmente así, sino que es REALMENTE (sic) así…”.
Oyarbide concluye que "...la inexistencia de ardid o engaño "ab initio", es la que conlleva a concluir que no pudo haber estafa al respecto, porque la decisión del ente rector de producir su desapoderamiento patrimonial en favor del Banco Mayo -por la vía del redescuento- no está viciada de error, ni de dolo ni de fraude".
Por otra parte, en la última semana antes de la feria, la Sala II de la Cámara Federal estableció que al mantenerse el resto de las imputaciones -en relación con los ahorristas que desistieron de las querellas- “no es óbice para que se procure el debate en torno a la atribución de responsabilidad en cabeza de ellos (los imputados), en orden a todo el segmento fáctico que envuelven y, eventualmente, con relación a todos los hechos de la misma especie”, dando por sentado que pese al fallo de Oyarbide, avalan la idea de que se lleve adelante el juicio oral, que con estas nuevas decisiones vuelve a tener firmeza incierta.
La Cámara también rechazó el agravio referido a la valoración sobre si los pedidos de elevación a juicio fueron válidos o no, cuando todavía está en tela de juicio la plataforma fáctica que otorgaría sustento a tales impulsos procesales de los acusadores.
“Más allá de cuáles fueren las calificaciones legales que en definitiva pudiere corresponder tras ventilar estas cuestiones en un ámbito más amplio de conocimiento, de momento tales referencias resultan suficientes para acreditar sus posiciones funcionales en el manejo del acontecer causal de los hechos”, concluye el fallo.
Nuevos funcionarios en el Ministerio de Justicia
Dos nuevos funcionarios fueron designados en el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández. Se trata del contador José Gaincerain como subsecretario de Coordinación del Ministerio y a Carlos Carlozzi como asesor del Gabinete de la Subsecretaría de Coordinación. Los nombramientos fueron efectivizados este jueves en el Boletín Oficial a través de los decretos 189 y 190 que llevan la firma de la presidenta Cristiana Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Justicia.
El tiro por la culata
La Sala I Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del gremialista del Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, Emilio “Madonna” Quiroz. Lo acusan de falsificación de instrumento público de la licencia de legítimo usuario de armas. Además, los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Gabriel Cavallo (este último dejó la Justicia a fin de año) le trabaron a Quiroz un embargo de 2 mil pesos sobre sus bienes. Quiroz también está procesado por los disparos que efectuó el 17 de diciembre de 2006 contra integrantes del gremio de la UOCRA durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y la resolución también afectó al instructor de tiro Lucio Ciachetti.
Scioli intenta normalizar el Registro de la Propiedad
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que comenzará a normalizarse la situación del Registro Provincial de la Propiedad, que está paralizado desde hace 40 días por sus trabajadores y que afecta a más de 100 mil personas que están imposibilitadas de concretar operaciones inmobiliarias. Entre ellas especialmente los letrados que deben tramitar escrituras, certificaciones de dominio e inhibiciones, medidas cautelares e inscripciones. Scioli indicó que, luego del acuerdo firmado ayer con el gremio, este jueves comenzarán a entregarse unos 17 mil documentos que ya están procesados, a pesar de que habitualmente el organismo no trabaja en enero. Durante el miércoles el mandatario bonaerense visitó el Registro de la Propiedad y fue silbado por un grupo de autoconvocados, no obstante declaró con seguridad: "yo no voy a los lugares donde hay aplausos sino donde hay problemas que resolver. El gobernador tiene que estar donde están los problemas y no esconderlos debajo de la alfombra".
Pedido antidrogas
La jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano ordenó al gobierno nacional que elabore un plan para el Gran Córdoba. El objetivo es reforzar a la Policía provincial en la lucha contra el narcotráfico. El pedido surge a raíz de un amparo presentado por un grupo de vecinos que desde mediados del 2007 tomaron la iniciativa de armarse y custodiar el barrio Villa Cornú, de la capital cordobesa, para impedir el comercio de estupefacientes en las 74 manzanas de la zona. Allí se habían detectado 49 puestos de venta. La resolución de la titular del Juzgado Federal 3 de la provincia mediterránea establece que el plan se elabore a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en un plazo de 60 días. El amparo colectivo fue firmado por 4000 personas. La orden de Garzón de Lazcano consistiría en aplicar la ley de seguridad interior, que prevé “el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de resguardar la libertad y la vida de los habitantes de una zona determinada".
Más de 1000 sanciones disciplinarias en el Poder Judicial de Perú
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), impuso 1.264 sanciones disciplinarias a magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial de Perú, por inconductas funcionales en perjuicio de los litigantes. 127 de ellas, obedecieron a pedidos de destitución de magistrados, planteados ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Además se aplicaron otras 916 sanciones de apercibimiento, 151 multas y 67 suspensiones y tres propuestas de separación. Entre los casos en trámite se destaca la abstención que se le aplicó a Guillermo Cabanillas, a quien se está investigando por supuesto acoso sexual cuando se desempeñó como presidente interino de la Corte Superior de Justicia de Lima.