El condenado deberá cuidar enfermos durante tres años, a razón de tres horas por semana, en el marco de una condena de ejecución condicional.
Según el magistrado “la estafa consistió en que mediante ardid y para obtener beneficios económicos hacían creer a las personas su condición de médicos y de esta forma suministraban medicamentos que ellos mismos se encargaban de remitir desde Capital Federal para sus pacientes de la ciudad de Roque Pérez, calculándose que se trataba de unas aproximadamente setenta personas”.
“Hubo recetarios secuestrados donde consta un número de matrícula falso que se constató que se trataban de matrículas canceladas en el ámbito de la provincia” indicó el magistrado a Diariojudicial.com.
“De ahí que se le ha impuesto una pena al límite, toda vez que es de tres años de ejecución condicional y dos mil pesos de multa y se le da la alternativa a través de las reglas de conducta del artículo 27 bis del Código Penal”, explicó el magistrado.
Caputo Tártara añadió que “en este caso en particular hemos juzgado oportuno que durante tres años una vez por semana y durante tres horas esta persona deba concurrir a un hospital del ámbito de la provincia de Buenos Aires para trabajar en pabellones de internados con la especial prohibición, claro esta, del suministro de medicamentos”.
“Se pudo detectar en la pericia química –agregó- que se trataba de anfetaminas o similares y en general hubo suerte desde el momento que no se produjo daño en la salud de estas personas”
Al preguntársele sobre la razón de cumplir la condena justamente en un hospital, el juez sostuvo que “lo que hemos querido buscar es un genuino arrepentimiento para que esta persona pueda tomar consciencia del perjuicio que provocó a las personas en un ansia mercantilista y económica. Esto va a ser sumamente útil para que reflexione sobre lo que hizo”.
Respecto sobre si estamos ante una versión masculina del caso Rímolo, el magistrado afirmó que “en realidad para poder opinar debería conocer estrictamente la causa, el vínculo estaría dado por que una persona carente de título habilitante para el ejercicio de la medicina, atiende a personas en casos de mayor connotación social poniendo especial énfasis en obesidad y celulitis”.
“En este caso –explicó- no hubo resultados gravosos de manera tal que el perjuicio fue económico y eso autoriza a que en un caso de estas características, sin ningún antecedente penal y si goza de buen concepto en la comunidad, sería más perjudicial ponerlo en la cárcel que tenerlo en libertad y así se le da una nueva chance de resocialización”.
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