Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de ley (S-3815/06) que reglamenta el juicio por jurados. La iniciativa sería aprobada en la sesión prevista para el 20 de diciembre, que sería la última del año.
La reunión de este martes por la tarde comenzó con las palabras de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien explicó algunas de las modificaciones realizadas en la última semana al predictamen elaborado.
Entre ellas se destacan la inclusión, en el artículo 5, que se refiere a los requisitos para ser jurado, la circunstancia de que “sepan leer y escribir”. Hasta ahora, ese artículo mencionaba cuatro requisitos: tener entre veintiún y setenta años de edad, contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos, tener domicilio conocido y tener una residencia permanente no inferior a dos años en el territorio de la jurisdicción del tribunal competente.
También se le hizo un pequeño agregado al artículo 14, que se refiere a las
recusación de los jurados, ya que se dispuso la posibilidad, por parte de los acusados, de recusar hasta 4 de los integrantes del jurado.
Además, se hicieron algunas modificaciones en los artículos 24, sobre Reglas del debate, 25, sobre Excepciones de la oralidad, y 39 sobre la Casación o Recurso contra el fallo. En este sentido, se dispuso que el acusado puede apelar ante el Tribunal de Casación respectivo o mediante el recurso que corresponda, en las provincias donde no exista Casación. Fernández de Kirchner aclaró que varias de las modificaciones habían sido sugeridas por el senador Celso Jaque y por la Secretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia.
En una reunión que duró pocos minutos, tanto la presidenta de la Comisión como el jefe del bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, se encargaron de minimizar varios argumentos en contra del proyecto. Pichetto advirtió que estaba garantizado el cumplimiento del derecho constitucional de la doble instancia. Y
Cristina Fernández negó que los miembros del jurado sean más influenciables que los jueces por la presión que ejercen los medios de comunicación. "Creo que pueden llegar a tener más influencia sobre un juez que sobre los ciudadanos que son circunstancialmente jurados, porque no tienen interés patrimonial ni personal en el resultado del juicio", opinó.
El proyecto instala el sistema de juicio por jurados para los delitos que "tengan prevista una pena privativa de libertad con un máximo en la escala penal de ocho años o más de prisión o reclusión, y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 del Código Penal siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos”.
En la iniciativa original, el imputado podía renunciar al procedimiento. Sin embargo, durante las últimas semanas se le quitó el carácter opcional a ese artículo. Sí se mantuvo que el jurado se integre con 12 miembros titulares y seis suplentes, que serán elegidos de acuerdo con un registro de ciudadanos que la Cámara Nacional Electoral elaborará cada año entre la población apta para ese servicio.
Según el proyecto dictaminado, el veredicto de culpabilidad requerirá al menos 9 votos, mientras que el de inocencia, siete. En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y, de mantenerse la situación, se absolverá al acusado.
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