La procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, el ministro de la Suprema Corte, Luis Genoud, y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, presentaron este jueves en el departamento judicial de San Martín el plan de agilización de los procesos penales en caso de flagrancia, cuya experiencia piloto se instrumentó, con éxito, a partir de mediados de 2005 en Mar del Plata. El plan, que se aplicará a partir del 7 de noviembre en ese departamento judicial, luego se extenderá -gradualmente- al resto de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires (ya funciona en Zárate-Campana).
La presentación formal se realizó, en horas de la tarde, en la sede del Colegio de Abogados local. Participaron de la misma miembros del Servicio Penitenciario, del Patronato de Liberados, autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil y magistrados de departamentos judiciales vecinos. Minutos después de concluido el acto se iniciaron los
cursos intensivos de capacitación técnica, destinados a brindar los conocimientos y destrezas básicas para instrumentar audiencias orales en la etapa de garantías.
Hace tres meses, las autoridades judiciales de la Provincia ya habían concurrido a San Martín para ofrecer un informe preliminar sobre el plan, que se aplica sólo en casos de flagrancia. Sus defensores aseguran que ofrece múltiples ventajas para los actores afectados -sean ellos autores, víctimas, imputados o terceros- como para el sistema acusatorio vigente en la Provincia, al permitir la adopción de medidas que resuelven los conflictos en menor tiempo.
El plan surgió a partir de un convenio de colaboración firmado por la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el ministerio de Justicia, y dos ONGs: el CEJA y el INECIP.
El sistema prevé que una vez que el fiscal informa que hay un detenido en un caso de flagrancia, el juez de Garantías debe convocar a una audiencia oral dentro de los cinco días, con lo que se tiende a instalar la oralidad en la instrucción penal desde el comienzo del proceso.
Según los datos recogidos de la experiencia en Mar del Plata, el plan resolvió en forma definitiva más del 80% de las causas ingresada en un año, cuando el promedio histórico del sistema penal no supera el 6%. Además, los cambios introducidos tuvieron una notable repercusión en los tiempos de los procesos judiciales.
El promedio de días que los jueces marplatenses utilizaron para decidir las suspensiones de juicio a prueba fue de 18.74 (con un mínimo de 3 y un máximo de 43 ), el de los juicios abreviados con condenas de efectivo cumplimiento de 29.82 (con un mínimo de 3 y un máximo de 92), el de los juicios abreviados con condena en suspenso de 13.33 (con un mínimo de 3 y un máximo de 37), el de los sobreseimientos tuvo un promedio de 23.35 días (con un mínimo de tres y un máximo de 67) y el de las elevaciones a juicio 27.76 (con un mínimo de 8 y un máximo de 59). Todo ello surge del
informe final, publicado a mediados de julio por
Diariojudicial.com.
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